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¿En qué casos y con qué requisitos el hijo o el cónyuge del arrendatario pueden subrogarse en un arrendamiento rústico?
Como siempre hay que distinguir y dependerá de la fecha en que se inició el arrendamiento rústico
Para los contratos iniciados antes de mayo de 2004: es de aplicación la ley de arrendamientos rústicos de 1980, que en su artículo 73, permite al arrendatario subrogar en el contrato a su cónyuge o a su descendiente si se cumplen dos requisitos:
- Que el cónyuge o descendiente sea profesional de la agricultura
- Y que se notifique de forma fehaciente la subrogación al arrendador
Para los contratos iniciados entre mayo de 2004 y enero de 2006: la Ley de arrendamientos rústicos de 2003, en su art 23 habla de la cesión y el subarriendo pero no contempla expresamente la situación de subrogación, si bien de forma genérica se prohíbe la cesión y el subarriendo de la finca arrendada si no hay consentimiento expreso del arrendador, y debiendo referirse a la totalidad de la finca o explotación arrendada y por todo el tiempo que reste del arrendamiento.
En suma para que sea posible la subrogación en el arrendamiento es necesario:
- que exista consentimiento expreso (por escrito) del arrendador
- que se refiera a la totalidad de la finca o explotación arrendada
- debe ser para todo el tiempo que reste del contrato o de la prórroga en vigor
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Contratos iniciados a partir de enero de 2006:
La Ley 26/2005 introdujo una modificación en el art 23 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, permitiendo la subrogación del arrendamiento a favor del cónyuge o del descendiente con los siguientes requisitos:
- elimina la necesidad de consentimiento expreso del arrendador, por tanto no es necesario el consentimiento expreso del arrendador
- introduce la obligación de notificar de forma fehaciente al arrendador la subrogación en el plazo de 60 días.
Hay que tener claro que el incumplimiento de estos requisitos da lugar a la inexistencia de relación alguna con el subrogado, por lo que se le podría echar de las fincas en caso de que no sea aceptado por el arrendador o propietario o que no sea notificado según los casos.
Celia Miravalles, abogado
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