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Todos los contratos de compraventa de leche entre ganaderos e industrias lácteas deberán llevar una cláusula de obligado cumplimiento que sirva para cubrir los costes de producción. Así lo anunció, el pasado 21 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. Una reivindicación histórica de los ganaderos y una cuestión “de justicia y de lógica”, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

“Las declaraciones del presidente del Gobierno son positivas, pero ya pasó el tiempo de las palabras, hay que actuar ya para salvar a un sector que está muriendo poco a poco”, ha señalado Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA.

Pero, ¿cómo lograr el pago de un precio justo a los ganaderos, que cubra sus costes y les permita obtener una mínima rentabilidad? Son ya varios los avances que se van produciendo a nivel legislativo mientras los ganaderos ven como los contratos siguen sin avanzar en precio. UPA señala varias de las claves: que los datos de costes de producción provengan de fuentes oficiales y se publiquen semanal o mensualmente.

Otra de las claves es que las industrias actualicen todos los contratos, con independencia de su fecha de finalización. No es admisible que los ganaderos estemos asumiendo toda la subida de costes y sean industrias y distribución los que se queden con los céntimos de subida de la leche a los consumidores.

Los ganaderos han instado a las industrias a dar “pasos adelante” en las negociaciones para que incrementen el precio pagado a los productores. Es tiempo para la negociación pero también para la reivindicación, apuntan, por eso mañana saldrán de nuevo a la calle frente a la planta de Leche Celta, en Meruelo (Cantabria), a la que le exigen que reconozca el trabajo de los ganaderos y les ofrezca un precio justo.

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