La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un fallo favorable a un ganadero, revocando una penalización del 50% que la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid había aplicado indebidamente sobre una ayuda destinada al mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción. La sentencia, emitida el 14 de diciembre de 2023, resalta la injusticia de la penalización y ordena la concesión íntegra de la ayuda al ganadero, además de imponer costas procesales a la Administración demandada.
La controversia surgió cuando la Consejería de Medio Ambiente decidió penalizar al ganadero con un 50% de la ayuda, alegando un supuesto incumplimiento de la carga ganadera máxima en buenas prácticas agrícolas (BPA). El ganadero, afectado por esta medida, presentó un recurso potestativo de reposición, demostrando de manera fehaciente que no se había excedido la carga ganadera máxima establecida en las BPA.
Ante la falta de respuesta por parte de la Administración, el ganadero se vio obligado a acudir a los tribunales, presentando un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de su recurso de reposición. La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que no se había excedido la carga ganadera máxima en BPA y que la penalización fue consecuencia de un error administrativo, invalidando así la medida y restituyendo al ganadero el derecho a recibir la ayuda en su totalidad.
Penalización resaltada en la sentencia 
UGAMA, La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de Madrid, ha destacado que este caso no es un incidente aislado, señalando que expedientes de ayudas son desestimados de manera habitual, basándose en criterios particulares de personal sin realizar requerimientos de subsanación de documentación antes de dictar resoluciones denegatorias. Este hecho representa un grave perjuicio para agricultores y ganaderos.
El presidente de UGAMA, expresó su preocupación por la frecuente desestimación de expedientes de ayuda de manera arbitraria y sin la debida consideración de las pruebas presentadas por los afectados. Subrayó que este tipo de prácticas administrativas generan un perjuicio económico significativo para los agricultores y ganaderos de la región.
Desde UGAMA, lamentan que casos como estos continúen sucediendo y señalan que, una vez recibida una notificación denegatoria, son pocos los perjudicados que optan por no darse por vencidos y recurrir a los tribunales, ya que los procesos legales son lentos y costosos.
La defensa jurídica del ganadero recurrente fue asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director de JV Abogados, un despacho especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental. Valladolid también actúa como asesor jurídico de la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA).
En conclusión, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid representa una victoria para los ganaderos, subrayando la importancia de la revisión imparcial de los expedientes de ayuda y la necesidad de garantizar la equidad y transparencia en los procesos administrativos relacionados con el sector agrícola y ganadero.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos más eficientes y transparentes en la gestión de las ayudas destinadas al sector agropecuario. Los procedimientos administrativos deben ser revisados y mejorados para evitar penalizaciones indebidas y ofrecer a los agricultores y ganaderos una vía justa para resolver disputas. Es esencial promover la confianza entre los actores del sector primario y las autoridades, fomentando un diálogo constructivo que garantice el cumplimiento de las normativas sin perjudicar injustamente a los beneficiarios de estas ayudas.
UGAMA aprovecha este caso como un llamado de atención para que las autoridades competentes revisen y mejoren los procedimientos administrativos relacionados con las ayudas a la agricultura y la ganadería. Además, destacan la importancia de una mayor supervisión y revisión de los expedientes antes de emitir resoluciones, evitando así la carga injusta de aquellos que dependen de estas ayudas para el sostenimiento de sus actividades en el sector primario.
