UPA-UCE Extremadura pide al Gobierno central un último esfuerzo para restaurar los aranceles a las importaciones de arroz procedentes Camboya y Myanmbar, una práctica que está causando graves problemas de rentabilidad a los productores y a la industria de toda Europa.
La Comisión Europea dio ayer, 7 de noviembre, por finalizada la investigación de salvaguardia y ya tiene elaborada las conclusiones y las medidas a llevar a efecto. Esta investigación, en la cual está personada la organización agraria extremeña, se inició el 16 de marzo de 2018 (la duración máxima era un año) con el objeto de determinar si las importaciones de países terceros de arroz han causado graves dificultades a los productores de arroz europeos y a la propia industria. Para ello, la comisión ha recabado toda la información que consideró necesaria y ha visitado varias empresas y cooperativas, fundamentalmente italianas y una española.
Dicha investigación, que abarcó las últimas cinco campañas de comercialización, pone de manifiesto que la rápida expansión de las importaciones procedentes de estos países se explica por el bajo nivel de precios (se han duplicado en los cinco últimos años), y que están presionando significativamente a los precios de los productores e industria de la UE. “La Comisión reconoce en este documento que el arroz es un producto sensible al precio y que los consumidores desconocen, en gran medida, el origen del arroz”, explica el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
Por lo tanto, el planteamiento que establece ahora la Comisión es restaurar los derechos arancelarios comunitarios por un periodo de tres años (a menos que se prorrogue por circunstancias justificadas). La reintroducción del derecho arancelario funcionaría con 175, 150 y 125 €/tn consecutivamente para cada periodo.
Desde UPA-UCE Extremadura muestran su satisfacción por esta decisión y de que la Comisión Europea haya dado la razón en la necesidad de restaurar los aranceles a las importaciones del arroz, ya que las entradas masivas procedentes de países terceros están poniendo en un brete al sector arrocero extremeño. “Sería muy positivo que esta medida se aprobara a lo largo de este año para que tuviera impacto sobre la comercialización de nuestros arroces en esta campaña. Si se llevara a cabo, la puesta en marcha se debería reflejar en los precios que reciban los agricultores arroceros en esta campaña, destacan desde UPA-UCE.
Esta organización hace un llamamiento al Gobierno central y en especial al Ministerio de Agricultura para que, junto con el italiano, consigan una mayoría cualificada que apruebe esta resolución en el próximo Grupo de Acuerdo de Comercio.