La batalla del herbicida: La lucha de los arroceros valencianos por la competitividad y el medio ambiente

Agronews Castilla y León

9 de mayo de 2024

arroz

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha lanzado una severa crítica hacia la gestión del Gobierno español por no conceder la autorización excepcional del uso de profoxydim, un herbicida vital en la lucha contra las malas hierbas predominantes en los campos de arroz, tales como Echinochloa y Leptochloa. A pesar de que países con condiciones agronómicas y climáticas comparables, como Italia y Portugal, han permitido su uso, España se mantiene firme en su negativa, desencadenando una serie de consecuencias para el sector arrocero nacional.

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Un desafío creciente para los arroceros: prohibición de un herbicida

El cultivo del arroz, fundamental para la economía agrícola en regiones como Valencia, enfrenta desafíos crecientes debido a la rigurosidad de las políticas medioambientales adoptadas por el Gobierno español. Según José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz en AVA-ASAJA, las restricciones en el uso de productos fitosanitarios han exacerbado los problemas de malas hierbas, complicando significativamente la viabilidad del cultivo de arroz. La denegación de la autorización para el uso de profoxydim es vista no solo como un obstáculo técnico, sino también como un acto de injusticia, especialmente cuando países vecinos dentro de la Unión Europea han aprobado su uso bajo la misma legislación fitosanitaria.

Competitividad y costes de producción del arroz en juego

La decisión de no autorizar el profoxydim tiene implicaciones directas en la competitividad del arroz español. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, argumenta que la falta de acceso a herramientas eficaces para el control de malas hierbas aumenta los costes de producción, lo que a su vez influye en el precio final del arroz. Esta situación no solo afecta a los agricultores, sino que también tiene el potencial de impactar el coste de vida de los consumidores españoles, quienes podrían enfrentar precios más elevados en el mercado.

El profoxydim, es un herbicida vital en la lucha contra las malas hierbas predominantes en los campos de arroz, tales como Echinochloa y Leptochloa. A pesar de que países con condiciones agronómicas y climáticas comparables, como Italia y Portugal, han permitido su uso, España se mantiene firme en su negativa, desencadenando una serie de consecuencias para el sector arrocero nacional.

La posición de España en el contexto europeo

La política española respecto a las materias fitosanitarias parece ir más allá de lo estipulado por las normativas de la Unión Europea. Mientras que países como Francia han decidido no añadir más prohibiciones a las impuestas por la UE sin ofrecer alternativas viables a los agricultores, España opta por una línea más restrictiva. Esta estrategia, según Aguado, posiciona a España en un aislamiento dentro de Europa en términos de política agrícola, una situación que podría tener repercusiones profundas tanto para el sector agrícola como para los consumidores finales.

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El impacto medioambiental y económico para Valencia

El cultivo de arroz en áreas como La Albufera y la Marjal de Pego-Oliva no solo es crucial desde el punto de vista económico, sino también medioambiental. Estos parques naturales, valorados por su biodiversidad, dependen en parte de la agricultura sostenible para su conservación. La negativa a autorizar herbicidas efectivos, según los críticos, podría acelerar el abandono de estas explotaciones agrícolas, con el consiguiente riesgo para los ecosistemas que dependen de ellas.

Conclusiones y perspectivas futuras

El debate sobre el profoxydim en España resalta un conflicto más amplio entre la sostenibilidad medioambiental y las necesidades económicas de la agricultura moderna. A medida que otros países europeos ajustan sus políticas para equilibrar estas necesidades, España se enfrenta a la tarea de reevaluar su posición para no perder competitividad ni comprometer sus objetivos medioambientales. La decisión final no solo afectará a los agricultores y consumidores actuales, sino que también dictará la dirección futura de la política agrícola y medioambiental del país.

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