UPA realiza un balance del año 2021 que sigue marcado por la COVID-19, y que además ha tenido como grandes protagonistas dos grandes temas a nivel de negociación como ha sido la PAC, que supone en Castilla y León al año 925 millones de euros, y la Ley de Cadena Alimentaria.
El año 2021 ha sido económicamente muy malo para el sector agrario de Castilla y León, condicionado aún por las medidas restrictivas del 2020 debido a la pandemia, a lo que hay que añadir precios bajísimos en origen en bastantes sectores y desorbitados costes de producción. Y aunque a los agricultores y ganaderos de Castilla y León en muchos casos no les han salido las cuentas, han redoblado esfuerzos en las explotaciones agrarias para garantizar los alimentos a la sociedad.
Por otro lado, UPA CyL considera que la rentabilidad de los agricultores y ganaderos de la región en este año, que está a punto de finalizar, ha sido muy similar a los del resto del país, «de miseria», poniendo en la balanza la variable precios-costes, a causa de la especulación de los intermediarios, de las industrias transformadoras y en muchos casos, de las grandes superficies.
Para la organización agraria, el 2021 ha sido un año de contrastes en lo climatológico, pero nefasto para las economías familiares del sector por los altísimos costes que ha habido en energía, gasóleo, luz, piensos, fitosanitarios, abonos, etc.
En relación a la PAC, cabe resaltar que una vez alcanzado el acuerdo comunitario sobre los reglamentos de la nueva Política Agraria Comunitaria que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, ha llegado el momento, según UPA, de que cada estado miembro haga su propio desarrollo de la norma, y eso será antes del 31 de diciembre. UPA ha trasladado al Ministerio que el documento español recoja algo fundamental y es que la reforma que salga tenga un criterio social y no solo medioambiental.
Para UPA, el nuevo período PAC debe estar marcado por un criterio de reparto de fondos destinados a aquellos profesionales que estén generando una actividad sostenible, que generen economía en los pueblos y que aporten su granito de arena en luchar contra el despoblamiento, y no para algunos que cobran mucho sin una relación clara con el sector agrario porque tienen derechos adquiridos desde hace 20 o 25 años.
En este sentido, UPA ha trabajado codo con codo en estos últimos doce meses con la Junta de Castilla y León y con el Ministerio de Agricultura en la defensa de la explotación familiar agraria profesional como la apuesta que se debe hacer en esta región porque es la que puede mantener los pueblos con vida, la que cuida del entorno natural y la que más puede hacer contra el despoblamiento frente al modelo economicista de macroexplotaciones. UPA tiene claro que lo primero que tiene que protegerse es la producción de alimentos para sus ciudadanos, y por eso les preocupan las políticas que no vengan por ese camino y que al contrario pidan producir menos para acabar comprando más fuera.
A nivel de reivindicación, como han remarcado anteriormente, el 2021 ha sido un año que en el sector agrario ha estado marcado por protestas unánimes por los elevadísimos costes de producción y por los bajísimos precios percibidos en algunos sectores, con manifestaciones constantes en un sector especialmente afectado como es el vacuno de leche.
La situación es límite para los productores por la presión de unos precios por litro de leche en origen que ni siquiera cubren los costes de producción. Reclamamos precios justos que garanticen la viabilidad de las explotaciones de vacuno de leche de Castilla y León que no deberían estar nunca por debajo de los 0,41 euros/litro, además de exigir el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.
En pleno debate de los repartos de la PAC reclaman actuaciones urgentes que favorezcan los ingresos rentables y dignos de los ganaderos de leche. Defienden que la leche sea un producto al que las industrias y la distribución banalicen y deberían valorar más lo que hace el sector productor porque consideran que si se sigue por este camino una gran parte de las 850 explotaciones lácteas que quedan en nuestra región desaparecerán.
Además, añaden que un año más acaba otro ejercicio sin que vea la luz un verdadero Observatorio de Precios Agrarios en Castilla y León como lleva demandando UPA desde hace años, como herramienta útil y basada en la transparencia para avanzar en la formación de los precios agroalimentarios.
UPA lleva tiempo reclamando que las leyes y todos los agentes de la cadena agroalimentaria respeten al primer eslabón y permitan que los productores perciban un precio justo por su trabajo. En el último año y medio de pandemia ha quedado demostrado el papel esencial que desempeña el campo, ahora lo esencial es que se reconozca y se respete el trabajo de los agricultores y ganaderos. No tiene sentido que se les castigue de este modo y que se permita especular con los precios agroalimentarios arruinando al primer eslabón de la cadena.
La organización lleva todo el año reclamando en las mesas de negociación que hay que conseguir medidas que bajen nuestros costes de producción, pues están pagando precios del año 2021 y venden a precios de los años 80 en condiciones normales. En el año 2022, con la especulación feroz actual y los mercados desquiciados, será más necesario que nunca abordar este tema.
A nivel medioambiental durante este año han sido constantes los problemas en el ámbito de la farragosa burocracia a la que se han visto sometidos los profesionales, en muchos casos con sanciones administrativas que no tienen sentido alguno. No puede criminalizarse la labor que desempeñan los agricultores y ganaderos en el campo, puesto que somos los primeros valedores del medio natural.
La lucha contra la despoblación se debe basar en políticas que garanticen la actividad a los profesionales del sector y no en actuaciones impositivas que se ejecutan con trabas, retrasos y burocracias farragosas que penalizan la labor diaria de los profesionales del sector.
Y respecto al problema recurrente de los lobos en Castilla y León, a lo largo del 2021 se han intensificado los perjuicios a la ganadería extensiva desde que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) con absoluta irresponsabilidad dotó de mayor protección a un animal salvaje que está causando estragos a la economía de explotaciones familiares.
UPA cree que “algo se está haciendo rematadamente mal desde las administraciones cuando hemos pasado de tener un número controlado de lobos a tener a día de hoy más de 2.000 ejemplares en toda la Comunidad. En Castilla y León se les ha ido el problema de las manos y ahora el que está en peligro de extinción es el propio ganadero, mientras determinados grupos de `mantenidos´ ecologistas por parte del Ministerio están impidiendo a las Comunidades Autónomas hacer controles. Tenemos un problema muy serio y la ministra en una maniobra legislativa inaudita para expandir descontroladamente la especie del lobo por todo el país, ha equiparado por ejemplo la situación de las Islas Canarias a la de Castilla y León, cuando en esta región se producen siete ataques diarios de media”.
En otro orden de cosas, UPA ha trabajado con intensidad a lo largo del año 2021 para formar a los agricultores y ganaderos a la hora de afrontar el cambio climático. “Hemos desarrollado varios campos de ensayo con resultados muy interesantes sobre las variedades de semillas que mejor se adaptan a estos nuevos tiempos que nos toca vivir. Y por otro lado, hemos reclamado que se impulse el sistema de seguros agrarios, puesto que consideramos insuficiente la partida que ha habido en el año 2021 para los seguros agrarios, puesto que los profesionales de esta actividad primaria necesitan estabilidad y seguridad ante las consecuencias de dicho cambio climático”, aseguran.
Sobre la persecución que sufre el campo por parte de determinados colectivos e incluso responsables políticos, es importante resaltar una vez más que el sector agrícola solo produce el 11,5 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono de España, mientras que existe una industria energética que ella sola genera el 14 por ciento, y sobre todo hay que tener en cuenta que somos el único sector productivo que transforma CO2, y por ejemplo una sola hectárea de remolacha fija más CO2 que la misma superficie de bosque mediterráneo.
Respecto a la línea para incorporación de jóvenes en el 2021, UPA ha echado de menos un mayor compromiso de la Junta a la hora de materializar ayudas para un reto clave ante la magnitud del reto que afronta Castilla y León y el sector agrario en concreto. La cuantía destinada a esta línea de actuación ha sido a todas luces insuficiente como lo demuestra el hecho de que no se van cumpliendo los objetivos de la Administración regional de que una vez que finalice la legislatura al ritmo actual se incorporen 3.500 jóvenes a la actividad agraria en la Comunidad.
Por otro lado, UPA considera clave el esfuerzo que se haga en breve con la redacción definitiva del Plan Hidrológico del año 2022, puesto que es indudable la importancia de disponer de zonas bien diversificadas y modernizadas en cuanto al regadío se refiere. Según las estadísticas oficiales el valor agregado bruto por hectárea es 3,5 veces superior que el del secano, y el número de incorporaciones de jóvenes agricultores es 6,5 veces superior en zonas de alta intensidad de riego que en zonas de secano, y la densidad de población es 3 veces superior en zonas de regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano.
También en el año 2021, han echado de menos, por parte tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno central, un mayor apoyo a las mujeres rurales como clave en el desarrollo rural y en la economía de los pueblos, y por eso la mera aprobación de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario sin dotarla de suficiente presupuesto nos parece que es un canto al sol que no demuestra el verdadero compromiso que consideramos debería ser imprescindible por parte de las administraciones.
A la hora de valorar el papel que desempeña el sector, UPA quiere resaltar un dato que a veces pasa desapercibido pero que es fundamental. La sociedad de Castilla y León debe saber que actualmente los agricultores y ganaderos han contribuido al estado del bienestar tanto o más que otros sectores, y todo gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra adaptación a las circunstancias. En los años 70 el 44 % del presupuesto familiar se dedicaba a la alimentación. En la actualidad solo se dedica el 14 % y se tienen mejores productos, más variados y con más garantías. Y este ahorro ha permitido disfrutar, por ejemplo, del ocio y del tiempo libre.
Finalmente, UPA CyL quiere poner en valor en este balance 2021 a la agricultura y ganadería familiar de Castilla y León como el mejor exponente y modelo de sostenibilidad en la producción de alimentos, que desde luego corre peligro si se alarga en el tiempo la escasa e incluso nula rentabilidad que han obtenido este año los productores. En este sentido, lanzan un SOS RURAL para que todas las administraciones a lo largo del 2022 pongan un plan que salve el sector primario, y con él, la principal actividad económica de muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma.
