[[{«fid»:»29974″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:450,»width»:852,»style»:»width: 450px; height: 238px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 5px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]Tras el encuentro que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido con las organizaciones agrarias de la región, ASAJA, UPA – COAG, y UCCL, la consejera del sector, Milagros Marcos, ha asegurado que, a partir del próximo lunes, 17 de octubre, los agricultores y ganaderos de esa comunidad autónoma van a comenzar a recibir un anticipo de la PAC de 2016 por valor de 400 millones de euros, «y esperamos haber abonado al acabar el año más de 800 millones de estas ayudas comunitarias«, «vamos a ser la primera comunidad autónoma en hacerlo, gracias al trabajo y esfuerzo de todos los funcionarios de la administración regional y la labor de las OPAs en la tramitación de las mismas»
Si esa era unas de las noticias más esperada por parte del sector, otra de las noticias relevantes que ha ofrecido el encuentro ha sido la creación de la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León como máximo órgano institucional permanente de encuentro y participación de la Administración autonómica, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria y el sector distribuidor.
Esta comisión, presidida por el responsable del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, se convierte en un órgano colegiado, operativo, de consulta y asesoramiento, cuyas funciones tienen un denominador común: conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores y mejorar el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria. Las organizaciones profesionales agrarias, la representación de las cooperativas, la industria agroalimentaria y la distribución participan de forma equilibrada en la comisión a través de representantes que también actúan en el Consejo Regional Agrario, en el Comité Asesor Agroalimentario y en el Comité del Cooperativismo Agrario.
El tercer gran tema del encuentro ha sido las negociaciones de la reforma de la PAC, aquí, Milagros Marcos ha señalado que se ha alcanzado el acuerdo de elaborar una «posición de comunidad», insistiendo en que las ayudas se prioricen hacia aquellos que realmente viven de la agricultura y la ganadería.
Reacciones de las OPAs
Las organizaciones agrarias han valorado de forma positiva este tipo de encuentros institucionales así como la creación de nuevos foros de análisis y debates al máximo nivel como es la Comisión antes relatada.
Donaciano Dujo, presidente de ASAJA, ha mostrado su satisfacción por el compromiso «personal» del propio Juan Vicente Herrera en tratar de analizar con la Consejería de Hacienda las partidas y ayudas del Programa de Desarrollo Rural que están ahora bloqueadas. Además, ha señalado que en el encuentro han expuesto a los máximos responsables de la administración regional su preocupación por la situación que se vive en amplias zonas de la región a causa del creciente número de fauna silvestre existente así como la necesidad de desarrollar determinados aspectos de la Ley agraria como la Ley de la Cadena Alimentaria, el Defensor de la Cadena y el impulso de las concentraciones y reconcentraciones parcelarias. El dirigente palentino ha finalizado su intervención pidiendo una subida del presupuesto para la Consejería de Agricultura y Ganadería en 2017 y la profundización en la definición de la figura del «agricultor activo».
Por su parte, Aurelio González, de La Alianza UPA – COAG, ha reiterado las quejas por la situación vivida con la fauna silvestre que está generando graves problemas de convivencia, mientras señalaba que el gran problema de los agricultores y ganaderos son los precios que perciben por sus productos por lo que es necesario que la PAC recupere algunos instrumentos de regulación de mercado.
Para finalizar, el responsable de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha demandado un paso más en la figura del agricultor activo llegando hasta el 30%, a lo que se han sumado la de solicitud de medidas que frenen los abusos de industria y distribución, reclamando la creación de mesas de negociación para la remolacha, la patata y el ovino, que faciliten la suscripción de contratos de larga duración y control de los costes de producción. «Junto a esto, no podemos olvidarnos de la situación que están viviendo los ganaderos con la campañas de saneamiento ganadero, en las que tenemos que equilibrar los baremos de sacrificio, darles la oportunidad del segundo análisis y se más flexibles en el proceso»
