Tras el anuncio de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Propuesta de Impulso en la Asamblea de Extremadura para suspender la obligatoriedad de que los cazadores recojan las vísceras de los animales tras las cacerías, las organizaciones profesionales agrarias UPA-UCE, COAG y ASAJA Cáceres urgen a los Grupos Parlamentarios a tumbar la citada Propuesta, y así se lo han hecho saber mediante un escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios presentes en la Asamblea de Extremadura.
Así, las OPAS informan de que la Resolución dictada por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de 9 de octubre de 2015 “fue una normativa dialogada y consensuada por la Mesa de la Sanidad Animal en su totalidad, en la que están representados los distintos colectivos que operan en el medio natural: veterinarios, Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas, la Universidad de Extremadura, la Administración Pública… y también sector cinegético”. Así, en la Mesa se decidió que“para frenar el avance de la enfermedad debía establecerse la obligatoriedad de retirar los subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de la caza mayor procedentes de actividades cinegéticas llevadas a cabo en la región”.
Según las organizaciones agrarias: “Los ganaderos y ganaderas extremeños cumplimos con las obligaciones que nos impone la Ley desde siempre, pero nuestros esfuerzos, también económicos, no sirven de nada si los cazadores no cumplen con su parte, ya que una de las principales vías de contagio de la enfermedad está en la fauna salvaje”. Así, explican que la ganadería extremeña acumula pérdidas millonarias, sufre el bloqueo de las explotaciones y la caída de los precios de la carne; “y cuando se pide que los cazadores cumplan la Ley como la cumplimos nosotros, ya que tenemos seguros de recogida que se encargan de retirar los cadáveres animales, nos encontramos con las reticencias injustificadas de un colectivo que está perjudicando seriamente a uno de los motores económicos de la región: la ganadería extremeña”.
En este sentido, rebaten el argumento expresado en la Propuesta de Impulso “porque el sector ganadero no ocupa únicamente los fines de semana de octubre a febrero, sino que es una actividad económica muy significativa para la región durante los 365 días al año”; y rechazan la supuesta “imposibilidad de retirada de los subproductos en un tiempo prudencial”, que alude a la incapacidad de las empresas de retirada de poder hacer frente a la nueva demanda que se les presenta. UPA-UCE, COAG y ASAJA aseguran que estas empresas especializadas tienen probada experiencia y capacidad para hacer frente a la demanda del sector cinegético, ya que en la región dan servicio a más de 16.000 explotaciones ganaderas.
Por otro lado, las OPAS recuerdan que “queda mucho trabajo por hacer” en referencia a la necesidad de seguir avanzando en las medidas acordadas en la Mesa de la Sanidad Animal, como la propuesta de establecer un control sanitario en los cotos privados y Parques Naturales. Esto tiene como objetivo garantizar la sanidad animal en estos entornos y que no se conviertan en focos de contagio para la población animal; además de fijar un censo ganadero de la fauna salvaje con el que se pueda conocer y controlar el número de animales existentes.
“Frente a los 400 millones de euros que genera la caza en la región al año, la ganadería supone 810 millones de euros directos (sin contar los beneficios que genera la transformación y comercialización de los productos ganaderos) para la economía extremeña”, concluyen. Igualmente, este tema será abordado en la reunión que el próximo jueves 3 de diciembre va a mantener el sector con la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio; Begoña García Bernal.
