La Alianza UPA-COAG trasladó hoy al delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, la necesidad de que interceda ante el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda para que se abone a Castilla y León los 26 millones de euros pendientes de cobro, correspondientes al 2012, dentro de las líneas acogidas al Plan de Desarrollo Rural.
La organización explicó con detalle a Ruiz Medrano las partidas que se adeudan a los agricultores y ganaderos de Castilla y León y le ha pedido que transmita al ministro de Agricultura la necesidad de que se reciban de inmediato las ayudas comprometidas, según informaron a través de un comunicado.
Según denunciaron, el impago de estos fondos está poniendo en serio riesgo la cofinanciación del 50 por ciento de fondos comunitarios de unas ayudas muy importantes para el presente y futuro del sector agrario regional. En concreto, la incorporación de jóvenes, cese anticipado, modernización de explotaciones, mejora de infraestructuras, modernización de regadíos, indemnizaciones compensatorias de montaña, ayudas agroambientales, bienestar animal, forestación de tierras o recuperación potencial forestal.
En este sentido, recordó lo “mucho que está en juego en Castilla y León” si se demoran los pagos durante más tiempo. También insistieron en el compromiso del que “debe hacer gala el Gobierno central” con los agricultores y ganaderos en una región como Castilla y León, eminentemente agraria, cuyo PIB depende en un porcentaje importante del sector agrario.
“Hemos explicado con sumo detalle al delegado del Gobierno que estamos hablando de unas ayudas que corresponden al segundo pilar de la PAC, la mayoría de carácter acoplado y por lo tanto vinculadas a la producción, cuyos beneficiarios son los profesionales activos del sector agrario”, señalan desde la Alianza.
Por otro lado, aprovecharon la reunión para pedir un esfuerzo adicional al Gobierno central de cara a las actuales negociaciones de la PAC en Bruselas, que se encuentran en un momento decisivo. Y reclaman que se aplique una política agraria que priorice a los verdaderos profesionales del sector. Para ello, el esfuerzo debe ir encaminado a velar por los intereses de los agricultores y ganaderos a título principal, dentro de un modelo social agrario, que permita cumplir con el objetivo de garantizar a los activos profesionales unos precios justos e impulsar una agricultura y ganadería productiva.
