La cosecha de limones en Málaga se ha convertido en un desafío angustiante para los agricultores, según advierte Francisco Moscoso, secretario general de UPA Málaga. En medio de costos de producción que se han elevado a 1,50 euros por kilo, los productores se ven obligados a recibir entre 18 y 30 céntimos en origen, mientras los consumidores pagan precios significativamente más altos en los supermercados.
La situación es particularmente desoladora para los agricultores, muchos de los cuales se plantean dejar sus limones sin recolectar, ya que la disparidad entre los costos de producción y los ingresos generados se ha vuelto insostenible. Francisco Moscoso subraya la urgencia de abordar este desequilibrio, que amenaza la subsistencia de los productores locales.
Crisis en el sector de los limones
A pesar de un aumento del 34.3% en la producción de limones en comparación con la cosecha anterior, la mejora no ha sido suficiente para contrarrestar los desafíos económicos. Se espera que Málaga aporte más de la mitad de las 54,437 toneladas proyectadas por la Junta de Andalucía, pero los agricultores se enfrentan a precios en origen que no cubren ni de cerca sus costos de producción.
Francisco Moscoso destaca que los precios en origen han caído de 48 céntimos por kilo el año pasado a tan solo 18 céntimos en la presente campaña. Incluso en el mejor escenario, alcanzan los 30 céntimos, mientras que en los estantes de los supermercados, los consumidores pagan entre 2,80 y 3 euros por kilo de limones. Esta discrepancia genera una situación insostenible para los agricultores, quienes enfrentan pérdidas significativas.
La UPA Málaga, en su constante llamado a la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, insta a que se sancione a quienes no la cumplen. Moscoso enfatiza que los productores, como eslabón más vulnerable de la cadena, continúan soportando costos adicionales, como el transporte, impuestos por la distribución. La aplicación efectiva de esta ley se presenta como crucial para garantizar una distribución justa y sostenible en la cadena alimentaria.
En este contexto, Francisco Moscoso concluye: «Exigimos que la Ley de la Cadena se aplique en su totalidad y que se sancione a quienes no la cumplen». La UPA Málaga reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los agricultores y la búsqueda de soluciones que reviertan la crisis citrícola actual, protegiendo así la viabilidad y sostenibilidad del sector en la región.
La crisis citrícola en Málaga refleja una realidad preocupante en el sector agrícola, donde los productores se enfrentan a una disminución drástica de sus ingresos frente a los aumentos en los costos de producción. La incertidumbre económica se cierne sobre muchos agricultores que, ante la falta de rentabilidad, se ven obligados a tomar decisiones difíciles, como dejar la fruta en los árboles, lo cual no solo afecta su sustento, sino que también tiene consecuencias para la economía local y regional.
El incremento en los costos de producción de 80 a 90 céntimos a 1,50 euros por kilo de limones pone de manifiesto los desafíos económicos que enfrentan los agricultores. Este aumento, combinado con los precios en origen que no reflejan la realidad del mercado, crea una brecha financiera insuperable para muchos productores. La falta de rentabilidad podría tener consecuencias a largo plazo, desincentivando la inversión y la sostenibilidad en el sector agrícola.
La disparidad entre los precios que reciben los agricultores y los que pagan los consumidores destaca la complejidad de la cadena alimentaria y la necesidad de una regulación más efectiva. La Ley de la Cadena Alimentaria busca proteger a los productores, pero su aplicación efectiva sigue siendo un desafío. La UPA Málaga, al exigir el cumplimiento de esta ley, aboga por un sistema que garantice una distribución equitativa de los beneficios en toda la cadena.
El llamado de Francisco Moscoso a sancionar a aquellos que no cumplen con la Ley de la Cadena Alimentaria resuena como una necesidad imperante. La distribución desigual de costos y beneficios a lo largo de la cadena alimentaria debe abordarse con medidas concretas que aseguren que los agricultores reciban precios justos por sus productos y no se vean sobrecargados con costos adicionales injustos.
La capacidad de los agricultores para superar esta crisis depende en gran medida de la acción coordinada de las autoridades, las instituciones y los actores de la cadena alimentaria. La llamada de UPA Málaga no solo es un grito de ayuda para los agricultores locales, sino también un recordatorio de la importancia de crear un entorno en el que la agricultura pueda prosperar de manera sostenible y justa.
Es esencial que se establezcan medidas a corto plazo para aliviar la presión financiera sobre los agricultores, pero también se requiere una revisión a más largo plazo de la estructura y las prácticas en la cadena alimentaria. La inversión en investigación y desarrollo, así como en programas de formación para los agricultores, podría impulsar la innovación y la eficiencia, mejorando así la competitividad del sector.
En última instancia, la situación en Málaga destaca la necesidad de una mayor conciencia y apoyo a la agricultura local. Los consumidores, las empresas y las autoridades tienen un papel fundamental en garantizar que los productores reciban precios justos por su arduo trabajo y que la agricultura en la región pueda perdurar como una fuerza vital y sostenible en la economía
