Llevaban décadas haciéndonos creer que teníamos autonomía, que nos gobernábamos solos, que nadie decidía por nosotros en Madrid. Ha bastado una mínima cuestión ganadera para que el mito se desmorone y sepamos quién manda de verdad.
Castilla y León accedió a la autonomía, en el vagón de cola, por el artículo 143, el comúnmente conocido como de la ‘vía lenta’. Aún así, con el paso de los años y alguna que otra reforma, alcanzamos un nivel de competencias similar, incluidos los despropósitos, a los de otras regiones, termino éste que también ha sido prohibido por el ágrafo pensamiento único. Y algo que consideraríamos tan domestico como la agricultura y la ganadería, parece de libro que, caso de tener autonomía, estas competencias serían las inexcusables.
La reciente polémica por los casos, muy pocos, de tuberculosis bovina advertidos en Salamanca demuestra que nada más lejos de la realidad, que no es que no nos gobernemos nosotros, es que ni siquiera en Madrid pintan nada; es en Bruselas o en Estrasburgo donde se decide el destino de las vidas y haciendas de los ganaderos de Castilla y León.
Me ahorraré chistes sobre corbatas, trajes de pitiminí y camisas de petimetre pero bueno será que repasemos el foco, nunca mejor dicho, del problema. La legislación que los conservadores europeos (grupo en el que se adscribe Vox en el Parlamento comunitario) quieren reformar viene a decir, artículo arriba, artículo abajo, que con un solo positivo, no concluyente, por otra parte, que se detecte en una explotación, debe inmovilizarse la cabaña ganadera de ‘equis’ entorno. Imagínense el perjuicio que ello origina no sólo a los criadores, sino a toda la cadena, incluido el consumidor final al que supuestamente se quiere proteger.
Lo que proponen los antecitados conservadores europeos y una parte del Gobierno de Castilla y León es una flexibilización, ahora ya una modificación del reglamento, que evite esta paralización global de los rebaños.
La cuestión ha coincidido en el tiempo con el intento de un reducido grupo de parlamentarios europeos de invadir los cultivos de fresas de la provincia de Huelva para ver si se cumplían no se qué condiciones de explotación. El intento, lógicamente, fue abortado gracias, en buena parte, a la presión mediática, de unos medios que, mientras denunciaban la intromisión de los eurodiputados en los invernaderos onubenses, jaleaban en modo palmero las imposiciones a la ganadería de Salamanca y, por ende, de Castilla y León. La verdad, no sé por qué esa diferencia de trato. ¿O sí?
Ahora, no se trata de incumplir la ley, por muy absurda que sea, que lo es. Se trata de que los políticos salgan de su zona de confort, dejen de mirar para otro lado y se pongan, con elecciones o sin ellas, manos a la obra, o al establo. Porque, sí, hay que defender a los funcionarios, a los veterinarios, a los huérfanos de la armada y a las estanqueras de Vallecas. ¿Y a los ganaderos?
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