En la recta final de 2023, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha instado al Ministerio a agilizar el pago de la ayuda aprobada en julio para mitigar las consecuencias de la sequía y las pérdidas derivadas de la situación en Ucrania. El monto de aproximadamente 69 millones de euros, destinado a aliviar las dificultades financieras de los agricultores, representa una cuarta parte de la asignación total nacional. Esta asistencia es crucial para afrontar los elevados costos de producción asociados a las siembras de otoño, que actualmente están siendo concluidas por los agricultores de Castilla y León.
ASAJA argumenta que es imperativo que el Ministerio priorice el apoyo a la agricultura, habiendo ya cumplido con los ganaderos, apicultores, y este mes, con los fruticultores y productores de frutos secos de cáscara. «No es lógico retener ese dinero cuando los agricultores ya hemos tenido que desembolsar lo necesario para realizar las siembras», declara Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León.
Aunque los datos definitivos aún están pendientes, la gran mayoría de las aproximadamente 65,000 explotaciones agrarias profesionales de Castilla y León son elegibles para recibir esta ayuda. La media por beneficiario se estima en alrededor de mil euros, variando según la superficie de cada explotación y el importe por hectárea en la provincia correspondiente. La región, predominantemente agraria, posee la mayor superficie de cultivo y se ve especialmente afectada por la sequía, a pesar de la clasificación del Ministerio que limitó el reconocimiento de «sequía de intensidad alta» a solo el 20% de la superficie agraria.
ASAJA ha criticado la injusta distribución de la ayuda, subrayando que la región recibiría 69.5 millones en lugar de los 115 millones que le hubieran correspondido si el Ministerio hubiera reconocido la verdadera magnitud de la sequía, que afectó a todas las provincias. Esta crítica se intensifica al considerar que el 45% de las indemnizaciones por sequía de Agroseguro en 2023 se destinaron a Castilla y León.
La urgencia de ASAJA refleja la necesidad apremiante de los agricultores de la región, quienes, tras afrontar los gastos de siembra, esperan el desembolso antes de que concluya el año para garantizar la continuidad de sus operaciones agrícolas.
Ayuda por sequía
La situación agrícola en Castilla y León se ha visto agravada por la fragmentación de las provincias y la designación de solo el 20% de la superficie agraria como «sequía de intensidad alta», concentrada en las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia. Esta decisión del Ministerio ha llevado a que la región reciba 69.5 millones en lugar de los 115 millones que le hubieran correspondido si se hubiera reconocido la verdadera extensión de la sequía, que afectó a todas las provincias. La discrepancia entre la realidad en el terreno y la evaluación ministerial ha suscitado críticas y frustración entre los agricultores afectados.
La posición geográfica de Castilla y León como la comunidad autónoma con la mayor superficie de cultivo la coloca en una situación única, siendo particularmente vulnerable a los efectos de la sequía. La distribución desigual de la ayuda agrava las dificultades para los agricultores que, a pesar de los esfuerzos realizados en la siembra de otoño, se enfrentan a desafíos financieros considerables. La falta de reconocimiento pleno de la magnitud de la sequía deja a muchos agricultores en una situación precaria, amenazando la viabilidad a largo plazo de sus explotaciones.
El impacto económico de la sequía se ha sentido de manera significativa en la región, afectando a cerca de 65,000 explotaciones agrarias profesionales. Estas explotaciones, que representan la columna vertebral del sector agrícola local, esperan con ansias la ayuda pendiente para cubrir los costos operativos y asegurar la continuidad de sus actividades. La demora en el desembolso compromete no solo la estabilidad financiera de los agricultores, sino también la seguridad alimentaria y la salud del sector agrícola en la región.
ASAJA ha subrayado la disparidad entre el tratamiento de la sequía por parte del Ministerio y las indemnizaciones otorgadas por Agroseguro. Cerca del 45% de las indemnizaciones por sequía de Agroseguro en 2023 se destinaron a Castilla y León, lo que resalta la magnitud del impacto en la región. Esta discrepancia entre las compensaciones privadas y la ayuda gubernamental ha generado interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos y la necesidad de una revisión urgente de las políticas de apoyo a la agricultura en momentos de crisis.
La presión de ASAJA refleja la urgencia y la preocupación de los agricultores que, en este periodo crítico, han invertido recursos significativos en las siembras de otoño. La incertidumbre financiera y la falta de claridad sobre la fecha de recepción de la ayuda gubernamental han creado un ambiente de inseguridad entre los agricultores, quienes buscan la estabilidad necesaria para mantener sus operaciones y contribuir al abastecimiento alimentario de la región.
En un llamado directo al Ministerio, ASAJA insta a la pronta resolución de esta situación, solicitando el abono de la ayuda antes de que concluya el año. La asociación subraya que la celeridad en el desembolso no solo es esencial para la supervivencia de muchas explotaciones agrarias, sino también para preservar la vitalidad de un sector que desempeña un papel crucial en la economía regional. La espera prolongada podría tener consecuencias devastadoras, comprometiendo la capacidad de los agricultores para hacer frente a los desafíos actuales y futuros, así como su contribución al bienestar económico de la región.
