Varios centenares de personas ha acudido hoy, 14 de septiembre, a la concentración organizada por Asaja Córdoba desde las 11.00 horas en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, calle San Felipe, para protestar contra el abuso del Impuesto de Sucesiones en Andalucía y pedir su eliminación total.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que el objetivo de esta protesta, es acabar con la situación de que “los andaluces sigan teniendo que hacer frente a este injusto y confiscatorio tributo”.
De este modo, Asaja protesta para que “los andaluces dejen de ser ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas porque este impuesto es un abuso que parece que obliga a quien hereda a comprar una parte de su herencia y es desalmado porque no tiene en cuenta la situación económica del heredero que puede verse atado de por vida a una hipoteca para poder pagar”.
La organización agraria añade que “este impuesto ha sido dramático en la crisis donde no era posible vender nada para cumplir con esa obligación fiscal y es confiscatorio cuando obliga a tanta gente a renunciar a la herencia”. Asimismo, resulta “injusto con la empresa familiar porque descapitaliza la bien gestionada frente a la mal gestionada y puede provocar la fuga de empresas hacia regiones donde no se paga, por lo que eso es competencia desleal”.
De igual modo, Asaja Córdoba considera que “es anticonstitucional porque crea y fomenta desigualdad entre regiones, es decir entre españoles y nunca habrá igualdad porque los gobiernos que lo necesitan no lo pueden bajar y los demás no lo pueden subir por miedo a su efecto electoral”
Fernández de Mesa ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica”.
Esto es una reivindicación histórica de la organización agraria, que reconoce que es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, pero “lamentablemente, este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia” porque deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, “en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español”.
