Arroz: La Lucha de los Productores Extremeños contra el Precio Injusto que perciben por parte de la Industria Arroceras Herba
El sector arrocero español, en particular el de Extremadura, se encuentra en una encrucijada crucial. La Industria Arroceras Herba, conocida por su monopolio, según denuncian desde la Unión de Extremadura, en la compra de arroz en España y su prominente posición como principal comprador en la Unión Europea, ha anunciado sus precios de adquisición para la campaña actual: 430 €/tm para arroz tipo índica (largo) y 500 €/tm para el tipo japónica (redondo).
Estos precios impuestos están entre 200 y 250 €/tm por debajo de los costes de producción y por lo tanto dicha propuesta incumple el artículo 9 de la Ley de Mejora de la cadena Alimentaria. El precio del arroz en ningún caso puede estar por debajo de los 600 y 650 €/tm, afirman desde la organización agraria.
Estos precios han desencadenado una ola de descontento y acusaciones de ilegalidad por parte de La Unión.
La situación es especialmente preocupante por tres razones fundamentales. Primero, el aumento en los costes de producción hace que la propuesta de Herba sea insostenible para los agricultores.
Segundo, la escasez de la oferta de arroz tanto español como italiano o griego, atribuida en gran parte a la severa sequía, ha reducido la cantidad disponible, aumentando teóricamente su valor en el mercado. Tercero, y quizás el más alarmante, es el precio desorbitado que los consumidores están pagando por el arroz, que está en su máxima cotización histórica, lo que contrasta drásticamente con el bajo precio ofrecido a los productores.
El problema real, las importaciones de arroz
El verdadero problema surge con la importación de arroz de Myanmar, que entra a España sin aranceles gracias al Convenio de “todos menos armas” entre la Unión Europea y Myanmar. Este arroz, de dudosa calidad sanitaria, se ofrece a precios significativamente más bajos, lo que pone en peligro la viabilidad económica de los productores locales.
Ante esta situación, La Unión ha decidido tomar medidas drásticas. Se ha solicitado al Ministerio de Agricultura español que proponga a la Unión Europea la imposición de tasas de importación para proteger a los productores nacionales. Además, se han anunciado movilizaciones y actos de protesta para denunciar el incumplimiento de la legislación vigente en materia de comercio de productos agrarios por parte de la Industria Herba.
Este escenario pone de manifiesto la complejidad de la cadena alimentaria global y los desafíos que enfrentan los productores locales en un mercado cada vez más globalizado. La respuesta del gobierno español y de la Unión Europea será determinante para el futuro del sector arrocero en Extremadura y en España.
