La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA ha interpuesto ante el Tribunal Supremo sendos recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014. El primero regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos. La segunda establece, por su parte, los parámetros retributivos de las “Instalaciones Tipo” aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de dichas fuentes. APPA ha encargado al despacho de abogados HOLTROP S.L.P., que se haga cargo de ambos procedimientos.
APPA ha tenido que recurrir a la vía judicial después de que el Ministerio de Energía, Industria y Turismo haya desoído todas y cada una de las alegaciones realizadas por la Asociación. Tanto el Real Decreto y la Orden como el resto de disposiciones regulatorias llevadas a cabo por el Gobierno en su mal llamada “reforma energética” han alterado de forma súbita y unilateral el marco retributivo, que determinó el modelo financiero y de negocio en base al cual se realizaron las inversiones en los proyectos de energías renovables, en perjuicio directo de los inversores. Ello ha sumido a las empresas del sector renovable en una situación crítica e incontrolable, que pone muchas instalaciones al borde de la ruina cuando no las aboca directamente al cierre.
Adicionalmente, esta reforma mina definitivamente la confianza en la seguridad jurídica de la economía española y está provocando la huida de inversores internacionales, no sólo en el sector energético sino también en otros sectores de potencial atractivo inversor. Definir políticas públicas basadas en la promoción de tecnologías emergentes, como son las energías renovables, y posteriormente alterar su retribución, al confiscar sorpresivamente sus ingresos vía impuestos, o eliminar sus incentivos reconocidos, no hace sino agravar la inestabilidad regulatoria y la inseguridad jurídica e incrementar el “riesgo-país” frente al exterior.
El nuevo marco regulatorio establecido en nuestro país comporta un impacto negativo especialmente grave sobre un sector económico en el que España era líder y que hasta ahora ha favorecido el crecimiento económico y la generación de inversión y empleo. Un sector, que genera y exporta tecnología, reduce la dependencia energética de España al evitar importaciones de combustibles fósiles en beneficio de nuestra balanza de pagos. Un sector que propicia la reducción de los precios del mercado mayorista de electricidad y evita la generación de emisiones de CO2, con el consiguiente ahorro del coste de los derechos de emisiones evitadas. Un sector, en definitiva, de gran futuro, que la nefasta política energética del Gobierno está arruinando.
