El Senado ha aprobado ayer, 13 de noviembre, una moción del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promueva la importancia del uso de semilla certificada, cuyos controles dan a los agricultores garantías de calidad y ayudan a aumentar la producción en las explotaciones agrarias y, con ello, aumentan su rentabilidad y consumo.
La Cámara Alta quiere, además, que el Gobierno facilite el acceso y el empleo de la semilla certificada entre los agricultores y lleve a cabo una campaña de imagen para sensibilizar a la sociedad sobre las garantías que supone usar la semilla certificada y los riesgos que comporta usar semilla clandestina, que no tiene ningún tipo de garantía sobre su calidad, lo que repercute negativamente en el beneficio del agricultor.
Según ha explicado la senadora Marina Moya, portavoz de Alimentación del Grupo Popular, la semilla es un «factor básico» para la agricultura y el uso de las debidamente certificadas suponen importantes ventajas: una menor siembra, un menor tiempo para la preparación de la semilla y una mejora sustancial de la producción.
Así, fomentar el uso de semilla certificada, obtenida a partir de la semilla genética, garantiza la pureza varietal en la siembra de cultivos herbáceos, una germinación mínima del 85 por ciento y, en consecuencia, una menor dosis de siembra, la ausencia de malas hierbas y un estado sanitario óptimo. «Es algo más cara», ha dicho, «pero asegura una producción que se multiplica por 7 con respecto al uso de semilla no certificada».
Pese a incrementar en un 5% el uso de semilla certificada en nuestro país en 2013, lo que equivale al 20 por ciento de la superficie de cereal sembrada, el porcentaje, en opinión de la senadora por Cuenca, «es insuficiente y coloca a nuestro país a la cola de la Unión Europea».
Así, según ha detallado, solo el 22 por ciento de la semilla utilizada para sembrar los cinco millones de hectáreas dedicadas en nuestro país a cereales de invierno es certificada. Un 33% corresponde a grano acondicionado por el propio agricultor y en el 48 por ciento restante el origen es desconocido, lo que supone, según ha recalcado la portavoz de Alimentación del Grupo Popular, que es semilla «sin control y garantía» y de la que, en consecuencia, pueden derivarse «perjuicios económicos».
En este sentido la senadora popular ha advertido que la futura PAC obligará al agricultor a acreditar el origen de la semilla. Así que, pese a que el uso de semilla certificada se incrementó en un cinco por ciento en la campaña 2013-2014, no es suficiente; como tampoco es suficiente el incremento de superficie dedicada al cultivo de semilla certificada, que ha cuantificado en 158.400 hectáreas.
