Unión de Uniones ha intensificado sus demandas hacia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la publicación inmediata de los criterios sobre los factores que determinan el coste de producción en el sector agrario.
Esta acción se fundamenta en la Ley de la Cadena Alimentaria, específicamente en la modificación realizada por la Ley 16/2021. Este artículo desglosará la situación actual, analizando las implicaciones legales y económicas de este incumplimiento y explorando las posibles repercusiones para el sector agrario.
Contexto Legal y Económico
La Ley 16/2021, que modifica la Ley 12/2013, es una pieza legislativa clave en el funcionamiento de la cadena alimentaria española. Su Disposición adicional tercera especifica que el MAPA debe publicar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, los criterios para determinar el coste de producción de productos agrarios, pesqueros y alimentarios. Este plazo ya ha expirado, dado que la ley entró en vigor el 30 de junio del año anterior con la activación del «Registro de Contratos Alimentarios».
Importancia de la Publicación de Criterios
La determinación precisa de los costes de producción es vital para los agricultores y ganaderos. Les proporciona un marco de referencia claro para negociar los precios de sus productos, asegurando así una mayor justicia y equidad en la cadena alimentaria. La falta de esta información perpetúa un ambiente de incertidumbre y posible desventaja económica para el eslabón más débil de la cadena alimentaria: los productores.
Reclamos de la Unión de Uniones
Unión de Uniones ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura exigiendo la publicación inmediata de estos criterios. La organización destaca que, más allá de una solicitud, esto representa un cumplimiento legal necesario. Argumentan que la publicación de estos criterios es fundamental no solo para la transparencia y eficiencia del mercado sino también para el empoderamiento y protección de los productores frente a los otros eslabones de la cadena.
Otros Incumplimientos Legales
Este no es el único incumplimiento legal que la Unión de Uniones ha denunciado. El Gobierno, según la organización, ha fallado en implementar otras medidas vitales para el sector, como el desarrollo del contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, la zonificación de tierras agrarias de interés especial, la compensación por el sobrecoste de las nuevas exigencias de la PAC, y la gestión de la fauna salvaje para prevenir daños en cultivos y granjas.
Conclusiones y Perspectivas
La demanda de la Unión de Uniones al MAPA resalta una creciente preocupación por la transparencia y justicia en la cadena alimentaria. El cumplimiento de la ley no solo es un deber gubernamental sino también un factor crucial para la sustentabilidad y equidad del sector agrario. Esta situación resalta la necesidad urgente de una actuación gubernamental que no solo responda a los requerimientos legales sino que también aborde las necesidades reales del sector agrícola y ganadero.
