En un llamado urgente a la acción, la Alianza UPA-COAG ha levantado la voz para denunciar la grave crisis que atraviesa el sector cerealista de Castilla y León. En una declaración contundente, la organización ha exigido a las autoridades competentes que tomen medidas inmediatas para proteger a los agricultores, quienes se encuentran en una situación insostenible debido a los precios irrisorios que reciben por sus productos, muy por debajo de los costes de producción.
La situación, según señala la UPA-COAG, es alarmante. Los agricultores de la región están vendiendo su cebada a precios que apenas cubren una fracción de los costos necesarios para cultivarla. Con un coste de producción que supera los 270 euros por tonelada, los agricultores están viendo cómo el precio al que pueden vender su cereal apenas alcanza los 195 euros por tonelada, lo que supone pérdidas significativas en cada operación.
Los responsables directos de esta crisis, según la Alianza UPA-COAG, son los Operadores de Cereales, quienes, mediante sus prácticas comerciales, están distorsionando el mercado y llevando a la ruina a los productores. Estos operadores, acusan, están fijando precios por debajo del coste de producción, en clara violación de la Ley de Cadena Alimentaria, que establece que el precio debe formarse de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta los costes del primer eslabón de la cadena, es decir, los agricultores.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los Operadores de Cereales. La UPA-COAG también señala a las Lonjas Provinciales como responsables de la crisis, ya que marcan precios que son utilizados como referencia por los operadores. La demanda es clara: las Lonjas deben cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria y suspender la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes de producción, tal como hicieron en situaciones inversas que beneficiaban a los operadores.
Además de la actuación en el ámbito nacional, la Alianza UPA-COAG también exige un control exhaustivo en los puertos españoles para evitar la entrada de grano a precios inferiores a los costes de producción nacionales, lo que sería considerado competencia desleal y una violación directa de la Ley de Cadena Alimentaria.
Por último, la organización reclama a la Junta de Castilla y León que dote de presupuesto suficiente a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, para que pueda cumplir eficazmente su función de hacer cumplir la ley y proteger los intereses de los agricultores y ganaderos de la región.
Ante esta crisis que amenaza la viabilidad del sector cerealista en Castilla y León, la Alianza UPA-COAG hace un llamado a la acción urgente por parte de las autoridades competentes, recordando que la protección del eslabón más débil de la cadena alimentaria es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el futuro del sector agrícola en la región.
Crisis en el sector cerealista
En respuesta a esta llamada de alerta, las autoridades pertinentes deben tomar medidas decisivas y eficaces para abordar esta crisis que afecta directamente a los agricultores y a la estabilidad económica de la región. Es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión para garantizar el cumplimiento estricto de la Ley de Cadena Alimentaria en todos los niveles de la cadena de producción y comercialización de cereales. Esto incluye la implementación de sanciones contundentes contra aquellos que incumplan con la normativa y que estén contribuyendo a la distorsión del mercado y al perjuicio de los productores.
Además, es fundamental promover el diálogo y la colaboración entre todos los actores involucrados en la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta los operadores y las autoridades reguladoras. Se deben establecer mesas de negociación donde se discutan de manera transparente y equitativa los precios y las condiciones comerciales, con el objetivo de asegurar una remuneración justa para los productores y una competencia leal en el mercado. Asimismo, es necesario fomentar la implementación de prácticas sostenibles que promuevan la rentabilidad y la resiliencia del sector agrícola a largo plazo.
Por último, es crucial que se fortalezcan las políticas de apoyo y de desarrollo rural en Castilla y León, con el fin de diversificar la economía agrícola y reducir la dependencia exclusiva del cultivo de cereales. Esto podría incluir la promoción de cultivos alternativos, la mejora de las infraestructuras agrícolas y logísticas, así como el impulso de programas de formación y capacitación para los agricultores, orientados a mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado. En definitiva, se requiere un compromiso conjunto y coordinado de todos los actores involucrados para superar esta crisis y asegurar un futuro próspero para el sector agrícola en Castilla y León.
