Desde COAG–Burgos, han observado con creciente preocupación y disgusto las recientes decisiones tomadas por la Administración Autonómica de Castilla y León y el Gobierno Central en relación con las ayudas destinadas al sector apícola.
La situación en Burgos
El pasado 17 de octubre de 2023, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural emitió una orden en la que se regulaban ayudas directas para el sector apícola. Esta medida, en teoría, tenía como propósito garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y asegurar el abastecimiento alimentario, en medio de las crisis derivadas del conflicto en Ucrania y las condiciones climatológicas adversas, particularmente sequías y altas temperaturas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con la Junta de Castilla y León, determinaron que estas ayudas se otorgarían únicamente a apicultores trashumantes. Esta decisión, aunque parece insignificante a primera vista, tiene enormes repercusiones para el sector apícola en la región, y particularmente en la provincia de Burgos.
Para entender la gravedad del asunto, es fundamental comprender la diferencia entre los dos modelos productivos dentro de la apicultura: trashumante y estante. Mientras que el modelo trashumante implica el desplazamiento de colmenas para seguir las floraciones, el modelo estante es aquel en el cual las colmenas permanecen en un solo lugar durante todo el año. Este último modelo es el predominante en el norte de Castilla y León.
La elección de otorgar ayudas exclusivamente a los apicultores trashumantes agrava la situación de los apicultores estantes, quienes ya habían sido excluidos de las ayudas al gasoil, siendo el único sector agrícola y ganadero en enfrentar tal exclusión. Ahora, con la reciente orden, se ven nuevamente marginados al no ser considerados en las medidas de ayuda por la sequía.
Este tipo de decisiones no solo genera una notable desigualdad dentro del sector, sino que también pone en jaque la viabilidad de muchas
explotaciones amparadas bajo el modelo estante. En la COAG–Burgos, consideran que esta orden y el real decreto subyacente no solo dejan de garantizar la viabilidad de todas las explotaciones agrarias, sino que perpetúan y refuerzan una desigualdad sin causa justificada en el sector apícola. Es un claro atentado contra el principio de igualdad, favoreciendo un modelo productivo sobre otro.
Las cifras hablan por sí solas. De los apicultores profesionales, el 39% de la comunidad son estantes, lo que equivale a 285 de un total de 715 apicultores. A nivel provincial, la cifra es aún más impactante, con un 66.7% de apicultores estantes, es decir, 30 de un total de 45.
La provincia de Burgos tiene una rica tradición en apicultura, y la exclusión de una gran parte de sus apicultores de estas ayudas esencialmente pone en peligro el futuro de un sector vital para la región.
Desde COAG-Burgos, instamos a las autoridades pertinentes a reconsiderar estas medidas y a establecer un criterio más equitativo y justo que tenga en cuenta a todos los apicultores, independientemente de su modelo productivo. Es esencial para la salud económica y social de nuestra provincia y para el bienestar de todo el sector apícola de Castilla y León.
