La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León ha alzado nuevamente su voz de protesta ante la continua expropiación de tierras para la instalación de macroparques fotovoltaicos en la provincia. En una reciente acción, la Junta de Castilla y León ha autorizado el procedimiento de expropiación forzosa para empresas que promueven estos proyectos, sin llegar a acuerdos privados con los propietarios de las tierras afectadas. Esta situación, que se suma a la expropiación para el macro parque de «La Llanada», ha generado preocupación y rechazo por parte de Asaja, que insta a las administraciones públicas a preservar el suelo agrícola de la provincia.
Desde Asaja se ha denunciado que la autorización de estas expropiaciones supone una amenaza para el tejido agrícola de la región. En esta ocasión, el foco está puesto en el macroparque «Valtarafón», ubicado en los términos municipales de Villadangos del Páramo y Cimanes del Tejar. A pesar de que las empresas promotoras son jurídicamente distintas, comparten el mismo domicilio social y han obtenido la autorización urbanística y ambiental de la Junta de Castilla y León desde el inicio del proyecto.
Proyectos de macroparques fotovoltaicos
El secretario general de Asaja en León ha expresado su preocupación ante esta situación, destacando que los proyectos de macroparques fotovoltaicos no responden al interés general, sino únicamente a los intereses de sus promotores. Además, ha resaltado el impacto negativo que estas instalaciones tienen en el suelo agrícola de la provincia, así como en los agricultores y propietarios afectados. En muchos casos, los agricultores se ven obligados a ceder sus tierras debido al minifundismo, lo que dificulta su capacidad para oponerse a estas expropiaciones y defender sus derechos en procesos judiciales largos y costosos.
Asaja ha instado a las administraciones públicas a tomar medidas para preservar el suelo agrícola de la provincia y evitar la proliferación descontrolada de macroparques fotovoltaicos. Entre las medidas solicitadas se incluye la prohibición de más líneas de evacuación aérea, favoreciendo en su lugar la instalación de líneas subterráneas. Además, se hace un llamado para que se evite la expropiación forzosa y se busquen alternativas de ubicación para estos proyectos que no afecten al sector agrícola.
Esta situación plantea un dilema significativo en términos de desarrollo económico y sostenibilidad ambiental en la provincia de León. Si bien la generación de energía a través de fuentes renovables como la solar es fundamental para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático, la instalación de macroparques fotovoltaicos en tierras agrícolas podría tener repercusiones negativas en la producción de alimentos y en el paisaje rural. Asaja argumenta que la prioridad debería ser proteger las tierras agrícolas, que son un recurso limitado y vital para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
Además, la expropiación de tierras para la instalación de macroparques fotovoltaicos plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en el proceso. Los propietarios de tierras afectados, en su mayoría agricultores y pequeños propietarios, se enfrentan a una situación en la que pueden perder sus medios de vida y su patrimonio familiar debido a decisiones tomadas por entidades externas. Esta falta de consulta y participación en la toma de decisiones puede generar tensiones y conflictos en las comunidades locales, socavando la cohesión social y el bienestar de los habitantes de la provincia.
Por otro lado, la expansión de la energía solar fotovoltaica presenta oportunidades para la creación de empleo y el desarrollo económico en la región. La instalación y mantenimiento de macroparques fotovoltaicos podría generar puestos de trabajo en el sector de las energías renovables, contribuyendo así a dinamizar la economía local y diversificar las fuentes de ingresos en áreas rurales. Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio entre el desarrollo de proyectos energéticos y la protección de los recursos naturales y agrícolas, garantizando que cualquier iniciativa se lleve a cabo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente y las comunidades locales.
