La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos celebra que el Congreso de los Diputados haya aceptado debatir la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta decisión llega después de que, este martes, se aprobara la Proposición de Ley para la modificación de la mencionada ley, registrada por el grupo de ERC y apoyada por la mayoría del resto de fuerzas políticas, con la abstención del PP, Vox y UPN.
Unión de Uniones ha sido una fuerza impulsora en la defensa de esta iniciativa, negociando con diversas fuerzas políticas para conseguir que se ponga sobre la mesa una regulación clave para el sector agrario. La organización enfatiza la importancia de definir claramente la posición de dominio y abordar la problemática de la reventa a pérdidas, dos puntos esenciales que la actual ley no regula adecuadamente.
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La Urgencia de la Modificación de la Ley
Unión de Uniones ha venido reclamando de manera persistente la modificación urgente de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La organización argumenta que es fundamental establecer una cuota de mercado específica en la cadena alimentaria para definir la posición de dominio. Actualmente, la gran distribución tiene la capacidad de presionar los precios de los productos agrarios a la baja, a menudo por debajo de los costes de producción, debido a su gran poder en el mercado.
El oligopolio en el sector de la gran distribución es una de las principales preocupaciones. En España, solo cinco cadenas de distribución controlan el 51% de la cuota de mercado, con Mercadona liderando con más del 26%. Este poder les permite presionar los precios a la baja y afecta negativamente a los productores agrarios, quienes son el eslabón más débil de la cadena alimentaria.
Uno de los aspectos críticos que abordará la modificación de la ley es la reventa a pérdidas. Unión de Uniones defiende que la ley debería incluir los costes añadidos en el acondicionamiento, transformación, almacenamiento y gestión en el precio de venta en el siguiente escalón de la cadena. La actual situación permite que los gigantes de la distribución jueguen a internalizar precios, obligando a menudo a los productores a vender por debajo de los costes de producción.
Además, la organización también pide que la modificación de la ley permita el uso de los datos del Registro de contratos a efectos estadísticos de los Observatorios de precios. Esto sería crucial para activar mecanismos en caso de perturbación del mercado y para implementar medidas adecuadas en situaciones como adversidades climáticas, que afectan gravemente a los productores agrarios.
El apoyo a esta propuesta ha sido significativo. La Proposición de Ley fue registrada por ERC y cuenta con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, destacando la importancia de corregir los abusos de poder y las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Sin embargo, la abstención de partidos como PP, Vox y UPN señala la necesidad de continuar dialogando y negociando para alcanzar un consenso más amplio.
Unión de Uniones subraya que esta es una oportunidad crucial para el Congreso de corregir las desigualdades en la cadena alimentaria y proteger a los productores agrarios. La organización espera que este debate conduzca a una ley más justa y equilibrada que ponga fin a las prácticas desleales y asegure una distribución equitativa de los beneficios a lo largo de toda la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, promulgada con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha demostrado ser insuficiente para abordar las complejidades y desafíos actuales del mercado agrario. Las prácticas desleales, como la reventa a pérdidas y el abuso de posición dominante, han persistido, afectando negativamente a los productores agrarios y creando desequilibrios significativos en el mercado.
Unión de Uniones ha destacado repetidamente que la actual legislación permite a las grandes cadenas de distribución presionar los precios a la baja, lo que no solo afecta a los productores, sino que también distorsiona el mercado y afecta la sostenibilidad del sector agrario. La organización ha estado en la vanguardia de la lucha por una legislación más equitativa y ha trabajado incansablemente para llevar esta cuestión al debate público y político.
La modificación de la Ley de la cadena alimentaria tiene el potencial de transformar significativamente el panorama agrario en España. Al establecer cuotas de mercado específicas y regular la posición de dominio, la nueva ley podría equilibrar el poder en la cadena alimentaria y asegurar que los productores reciban un precio justo por sus productos.
Además, al incluir los costes añadidos en el precio de venta en el siguiente escalón de la cadena, la ley podría evitar la práctica de la reventa a pérdidas y garantizar que los precios reflejen adecuadamente los costes de producción. Esto no solo beneficiaría a los productores, sino que también promovería la transparencia y la equidad en el mercado.
La utilización de los datos del Registro de contratos para fines estadísticos también permitiría una mejor monitorización del mercado y una respuesta más rápida y efectiva a las perturbaciones del mercado y las adversidades climáticas. Esto podría proporcionar una mayor estabilidad y previsibilidad para los productores agrarios, ayudándoles a planificar y gestionar mejor sus operaciones.
La decisión del Congreso de debatir la modificación de la Ley de la cadena alimentaria es un paso significativo hacia la creación de un mercado más justo y equitativo para los productores agrarios en España. Unión de Uniones ha jugado un papel crucial en este logro, trabajando incansablemente para llevar esta cuestión al frente del debate político y abogando por una legislación que proteja a los productores de las prácticas desleales de las grandes cadenas de distribución.
A medida que el debate avanza, es esencial que todas las partes interesadas continúen dialogando y colaborando para asegurar que la nueva ley aborde efectivamente las preocupaciones de los productores y promueva una cadena alimentaria más equilibrada y sostenible. Con el apoyo adecuado y una legislación robusta, el sector agrario español puede esperar un futuro más justo y prometedor.
