Tras la reunión de la Junta electoral de Castilla y León (compuesta por cuatro Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tres profesores Universitarios) de fecha 26 de febrero celebrada en las Cortes de Castilla y León, se ha dado traslado a los representantes de Urcacyl del acuerdo favorable tomado en relación a la presentación de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular por la que se modifica el Estatuto de Consumidores.
Los representantes de las cooperativas presentaron esta iniciativa legislativa popular el 25 de enero del pasado año, y para que prosperase tenía que reunir más del 0,75% de las firmas del censo electoral de Castilla y León.
Se perseguía conseguir una excepción para las cooperativas con respecto a la obligatoriedad de disponer de personal en las Estaciones de servicio, debido a su presencia en el medio rural y a la dificultad de contar con personal en los fines de semana y en horario nocturno, aunque si lo tuvieran durante el horario laboral.
La Junta electoral ha declarado que del 0,75% del censo de Castilla y León (15.934 personas), se han presentado 17.834 firmas de las que se han considerado válidas 16.971 y se han rechazado 863. De esta manera la ILP prospera al haber reunido, a mayores, más de mil firmas de las que se precisaban.
Transcurridos 10 días desde esta notificación, la Junta electoral certificará este acuerdo ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que ordenará su publicación en Boletín Oficial de la Cámara y quedará en condiciones de iniciar su tramitación parlamentaria, debiéndose incluir en el Orden del Día del pleno de las Cortes, previa comparecencia de la comisión promotora ante la Comisión de las Cortes.
Ahora el Legislativo regional se va a encontrar con la paradoja de hacer frente a dos proposiciones de Ley sobre una misma temática: una presentada por los representantes de Urcacyl a través de una ILP y que contempla la solicitud de una excepción para las Cooperativas, y otra presentada por el Partido Popular que afecta al conjunto de las Estaciones de Servicio y que se desdice así de su propia normativa aprobada por la Ley 1/2016 de 13 de octubre que modificaba el Estatuto de los Consumidores.
