El pasado día 10 de septiembre de 2015 APAG EXTREMADURA ASAJA, mantuvo una reunión con la delegada especial de la Agencia Tributaria para Badajoz, en la misma estuvieron presentes, además de la propia delegada una inspectora jefe que le sirvió de apoyo técnico en el tema a tratar. Por parte de nuestra organización comparecieron uno de sus vicepresidentes, el secretario general y personal técnico conocedores del asunto a debatir.
El motivo de la reunión, no era otro que intentar que la Agencia Tributaria les diera una salida a todos aquellos agricultores y ganaderos que se vieron abocados (léase atrapados) a pagar el IVA de aquellas trasmisiones de derecho de pago único con tierra y que según el criterio que en ese momento manejaba hacienda, no estaban exentas de su pago.
Criterio que posteriormente cambió el ministerio aplicando la circular emitida por la Dirección General de Tributos de fecha 9 de junio de 2015, donde se decía que las transmisiones de derecho acompañados de tierra estaban exentas del pago de IVA.
Lógicamente, a quien se le hubiere iniciado y concluido el expediente por hacienda con anterioridad al 9 de junio de 2015 y hubiere pagado, no continuando con los recursos administrativos o judiciales, su acto era firme, es decir ya no podía hacer nada y sin embargo a quien se le iniciara el procedimiento después o con anterioridad al 9 de junio de 2015 pero el mismo no hubiere finalizado, es decir su acto no fuera firme, no vendría obligado a pagar o de haber pagado, tendría derecho a su devolución.
En dicha reunión, se le hizo ver a la administración tributaria que esta situación que se había producido resultaba de una injusticia de calibre mayúsculo por cuanto ante una misma situación existían dos soluciones diferentes. De hecho nuestros representantes le hicieron ver a la Sra. delegada que el sentir de muchos de los agricultores y ganaderos era que le habían “metido la mano en la cartera”.
Hacienda desde un primer momento mantuvo que lo que se había hecho cumplía escrupulosamente la legalidad y que ellos no estaban para aplicar moralidad sino leyes.
Nuestro vicepresidente Santiago Prieto, al igual que nuestro Secretario General Francisco Alejandre le recordaron a la Sra. delegada que ya hacía año y medio se mantuvo otra reunión con ella en el que se le advirtió sobre lo que podría pasar respecto a este asunto y sin embargo se hizo caso omiso de dicha advertencia. Ambos directivos le hicieron llegar su indignación por cuanto volvían a ser nuestros agricultores y ganaderos los paganos que tenían que soportar esa falta de diligencia y unificación de criterio de la administración tributaria.
Le hicieron ver igualmente que lo que para ellos eran montantes de una media de poca cuantía, sobre unos 4.000 euros, podía suponer para un agricultor o ganadero el cierre de su explotación.
La administración se limitó a esgrimir que ellos solo eran funcionarios que aplicaban la ley y que a los distintos expedientes se les había explicado la ley o criterio que en ese momento estaba en vigor.
Después de bastantes “dimes y diretes” e incluso de acusarnos de amenazas y acusaciones veladas, conseguimos un compromiso por parte de la Sra. delegada por el cual solicitarían a Madrid informe al Abogado del Estado para estudiar la posibilidad de intentar que de oficio se lleve a efecto un procedimiento de revocación de lo actuado y cobrado, de tal suerte que pudiera llegar a buen puerto la devolución de las cantidades abonadas.
En este sentido, seguiremos informando una vez obtengamos respuesta de la administración tributaria.
APAG Extremadura ASAJA
