El Estado somete a consulta pública un proyecto de orden que autoriza la siembra en 2023 de semillas de remolacha azucarera tratadas con productos fitosanitarios que contengan las sustancias activas imidacloprid o tiametoxam.
A modo de recordatorio, los remolacheros franceses se enfrentaron en 2020 a una grave crisis relacionada con la proliferación de pulgones que propagaban el virus de la ictericia en todas las regiones de cultivo. Esta crisis ha debilitado a todo el sector azucarero (22.000 agricultores y 21 azucareras) y ha creado el riesgo de un abandono masivo del cultivo de la remolacha en los próximos años.
En este contexto se aprobó la Ley nº 2020-1578, de 14 de diciembre de 2020, relativa a las condiciones de comercialización de determinados productos fitosanitarios en caso de riesgo sanitario para la remolacha azucarera. Aunque reafirma el principio vigente desde el 1 de septiembre de 2018 de prohibición del uso de productos fitosanitarios y semillas tratadas con productos que contengan una o varias sustancias activas de la familia de los neonicotinoides o con modos de acción idénticos, esta ley prevé la posibilidad de conceder exenciones hasta 2023 como máximo, en condiciones estrictas mientras se desarrollan soluciones alternativas al uso de estos productos.
Para ello, se ha desplegado un plan nacional de investigación e innovación (PNRI) dotado con 7 millones de euros de financiación pública, por un importe total de más de 20 millones de euros con cofinanciación del Instituto Nacional de Investigación Agronómica, Alimentaria y Medioambiental (INRAE), el Instituto Técnico de la Remolacha Azucarera (ITB) y empresas privadas, para coordinar un gran esfuerzo de investigación, centrado íntegramente en el amarilleo de la remolacha azucarera, con el fin de aportar a los agricultores soluciones operativas en un plazo de tres años.
Sin embargo, las alternativas a los neonicotinoides, objeto de esta investigación, sólo están disponibles parcialmente y siguen siendo insuficientes para garantizar la protección de las plántulas de 2023 contra los ataques de pulgones. Además, la cosecha de 2022 se vio afectada por una sequía debida a múltiples olas de calor.
En este contexto, el Gobierno considera que podrían cumplirse las condiciones para conceder una excepción para 2023. Por ello, se ha elaborado un proyecto de orden por la que se autoriza, para la campaña 2023 y durante un periodo de 120 días, el uso de semillas de remolacha azucarera tratadas con un producto fitosanitario que contenga la sustancia activa imidacloprid o tiametoxam. El proyecto de decreto especifica las condiciones de uso de dichas semillas y va acompañado de restricciones sobre los cultivos que pueden plantarse en los años siguientes, con el fin de reducir la exposición de los insectos polinizadores a posibles residuos del producto.
De conformidad con las disposiciones de la ley de 14 de diciembre de 2020, este proyecto se someterá próximamente al dictamen del Consejo de Supervisión. Al mismo tiempo, este proyecto está abierto a consulta pública hasta el 24 de enero de 2023.
