Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo del pasado martes, Hogan adelantó que el proyecto de regulación de la cadena agroalimentaria podría presentarse en la primera mitad de 2018. La Comisión Europea lanzará próximamente una evaluación de impacto de aproximadamente doce semanas sobre esta futura norma y a continuación una consulta pública de al menos doce semanas, tal y como detalló el Comisario de Agricultura.
Así lo ha anunciado la organización COAG quien ha trasladado en múltiples ocasiones a la Comisión Europea la «necesidad de poner en marcha de manera urgente nuevas normas a nivel de la UE para afrontar las prácticas comerciales desleales que afectan a la cadena y en especial a los agricultores y ganaderos, así como el establecimiento de sistemas de cumplimiento eficaces en los Estados miembros». De hecho, sobre este tema ya se habían pronunciado gran parte de los organismos de la UE, desde el Parlamento Europeo, al Consejo, pasando por la Task Force de los Mercados Agrarios que emitió su informe de resultados en noviembre de 2016 apoyando la necesidad de una normativa al respecto.
COAG considera que debe haber una regulación obligatoria y un enfoque jurídico único para toda la Unión Europea, que prohíba determinadas prácticas abusivas (venta a pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos atípicos…), que sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales y que garantice la igualdad de condiciones en la Unión Europea, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados miembro para adaptarse a sus particularidades. “Apoyarse únicamente en un sistema voluntario para afrontar las prácticas comerciales desleales es insuficiente e ineficaz: no facilita a los agricultores poder presentar sus quejas de manera anónima y reducir el miedo que les genera la posibilidad de recibir represalias de sus clientes”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.
En sentido, COAG sostiene que debería incluirse en la futura normativa UE la figura de una autoridad pública e independiente que pueda imponer sanciones en caso de incumplimiento.
