ASAJA de Castilla y León no aprecia avances “en el caso de que los haya” en las campañas de saneamiento ganadero, ya que no detecta cambios significativos en los resultados de 2012 y “mucho menos garantías de que no puedan empeorar, dando pasos atrás, en los próximos años”.
Así lo expuso la organización a través de un comunicado tras la celebración de la reunión anual en la que la Junta da a conocer sus resultados.
Además, ratificó la petición de que todas las actuaciones de las campañas se lleven a cabo por veterinarios oficinales y no por empresas contratadas, dado que son los únicos que pueden garantizar imparcialidad.
ASAJA exigió a la Junta que minimice los errores o falsos positivos que se pueden dar por las técnicas diagnósticas, y particularmente los resultados analíticos en el laboratorio, proporcionando a los ganaderos elementos de defensa para hacer valer sus intereses cuando hay dudas razonables.
En este sentido, mantienen que no pueden compartir una campaña en la que lo único que se sanea son los animales domésticos y no la fauna salvaje que convive con ellos en los pastos, y que hoy es responsable de la mayoría de los contagios.
La organización agraria denunció que Medio Ambiente no colabora con Agricultura, y que es responsable de una sobrepoblación de especies cinegéticas que causan enormes daños.
Por eso, exigen el máximo rigor en la ejecución de los programas, revisión de las actuaciones que no den los resultados esperados y declaración de zonas de especial incidencia, donde no haya avances significativos y sea aconsejable diseñar programas con medidas específicas más adaptadas a la realidad y las necesidades de cada territorio.
Finalmente, lamentó que la Junta incumpla “reiteradamente” su compromiso de iniciar las actuaciones a principios de año, fecha que por razones zootécnicas y de manejo del ganado es la más propicia para las explotaciones extensivas en pastoreo. También se está retrasando las indemnizaciones más allá de los razonable, por lo que reclaman que los pagos no se demoren más de 30 días después de sacrificados los animales enfermos y que se tomen medidas para que los mataderos e intermediarios no se beneficien “hasta el límite de la usura con la situación de unos ganaderos que se ven abocados a vender en un plazo corto y sometidos a determinadas condiciones”.
