La Guardia Civil, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Información y el Equipo Roca de Cuéllar de la Comandancia de Segovia, han procedido a la detención de dos empresarios radicados en la comarca de Cuéllar (Segovia), por tener empleadas a 24 personas de origen rumano sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social, los cuales desempeñaban las labores de recolección de ajos en diversas parcelas agrarias de dicha comarca como temporeros.
Este servicio ha sido desarrollado por las Unidades actuantes en el marco del Convenio de Colaboración existente entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante el desarrollo de la investigación se contó con la presencia sobre el terreno de funcionarios de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Segovia.
Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un asentamiento ilegal de personas, situado en un pinar próximo a la localidad de Cuéllar, el cual carecía de los mínimos requisitos de salubridad, careciendo de agua corriente, luz, durmiendo al raso y rodeados de inmundicias que con el paso de los días iban acumulando las más de veinte personas que allí se encontraban. Estos ciudadanos se desplazaban a trabajar en furgonetas hasta diversas parcelas agrarias entre las que se encontraban las de los dos detenidos.
La existencia del asentamiento ilegal ha sido puesta en conocimiento tanto del SEPRONA, como del Centro de Acción Social de Cuéllar (CEAS), por si se considera necesario algún tipo de actuación con los ciudadanos rumanos integrantes del asentamiento.
A los detenidos se les imputa un delito Contra los Derechos de los Trabajadores, del artículo 311 del Código Penal, castigado con penas comprendidas entre los seis meses y seis años de prisión y multa de seis a doce meses.
Por otra parte, según se recoge en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden Social, se considera infracción grave no solicitar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio. Esta infracción está castigada con multa que oscila entre los 3.126 y los 10.000 € por trabajador no dado de alta.
Igualmente se recuerda que el artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, recoge que las solicitudes de alta se harán con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios.
Las diferentes campañas de recolección de productos agrícolas en las explotaciones agropecuarias generan una importante demanda de trabajadores, al desarrollarse éstas de manera concentrada en determinados periodos estacionales. Todo ello provoca que se estén produciendo situaciones como la descrita, lo que hace que por parte de la Guardia Civil se continúe en colaboración con la Inspección de Trabajo, realizando las correspondientes investigaciones, al objeto de detectar posibles irregularidades administrativas o penales cometidas en el ámbito laboral.
Los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar.
