La ALIANZA UPA-COAG solicita a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) que abra una investigación sobre un presunto pacto de precios a la hora de adquirir la colza a los productores.
Esta organización denuncia lo que considera que es un presunto delito que vulnera la ley alimentaria al imponer, tanto almacenistas como otros compradores, el mismo precio a los agricultores de colza que no tienen contrato alguno `obligándoles´ a recibir un precio inamovible de 330 euros/tonelada.