Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama que todas las explotaciones agrarias que se hayan visto obligadas a comprar abono para mantener la productividad tengan acceso a las ayudas para compensar el incremento de precios de la fertilización.
Unión de Uniones denuncia que el actual real decreto ley de medidas para compensar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania destinadas al sector agrario, deja fuera de estas ayudas todas las explotaciones que no sean actualmente perceptoras de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).
La organización reclama que las ayudas destinadas a compensar la subida de precios de los abonos, lleguen a todas las explotaciones que usan y que no queden excluidas las explotaciones no perceptoras de ayudas directas de la PAC. Se trata de una ayuda directa a los fertilizantes que se concede por hectárea de cultivo, hasta un máximo de 300 hectáreas, y será de 22 euros por hectárea en el caso de superficies de secano y de 55 euros por las de regadío.
Unión de Uniones alerta de que los fertilizantes suponen un 8% de los factores de producción del sector agrario y su precio medio se ha visto incrementado un 80% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 y para paliar los efectos de ese incremento se han diseñado las ayudas.
Asimismo remarca que el alza de precios provocada por la guerra de Ucrania afecta a todo el campo, que se ve abocado a comprar unos abonos muy por encima del precio de mercado, lo que pone en cuestión la viabilidad de muchas empresas agrarias. En este sentido, si todos los agricultores han sufrido la subida actual de los precios de los abonos, es necesaria una medida no discriminatoria que se articule para todo el sector primario con garantías y rapidez, y no se excluya por criterios administrativos unas explotaciones agrarias.
Unión de Uniones pedirá a todos los grupos parlamentarios que el texto de esta propuesta de real decreto ley se tramite como proyecto de ley con objeto de poder modificarlo y no dejar fuera de las ayudas a agricultores profesionales de sectores que, históricamente, no han cobrado PAC como agricultores de frutas, hortalizas y, en algunas zonas, de viñedos.
