La línea ICO-MAPA-SAECA 2022, puesta en marcha por el MAPA a través del RD-ley 04/2022, ha ampliado hasta en tres ocasiones la dotación financiera para ayudas a la bonificación de préstamos para operadores del sector agrario, incluidos titulares de explotaciones agrarias, hasta alcanzar un montante de 60 millones de euros. No obstante, el ritmo de ejecución de esta medida está siendo pobre y, hasta el momento, el impacto real que ha podido tener para un sector atenazado por la sequía y el encarecimiento de los costes de producción, ha sido mínimo.
Unión de Uniones ha examinado las resoluciones publicadas en la página web del MAPA sobre subvenciones aprobadas para esta línea, correspondiente la última de ellas al pasado 13 de marzo de 2023. A dicha fecha, el número de beneficiarios ascendía a 2022 y el montante de ayudas era de 7 millones de euros. Desde entonces el Ministerio no ha hecho pública ninguna resolución más. Además, se da la circunstancia de que el grueso de solicitudes aprobadas (más del 80%) se concentra en octubre y noviembre de 2022 y, a partir de entonces, el ritmo de concesión decrece notablemente. “No vamos a quejarnos de que haya una línea de crédito abierta hasta septiembre de 2024 para los agricultores y ganaderos que lo necesiten” comentan desde la organización “pero llama la atención de que se amplíe hasta 60 millones de euros una partida con tan poco tirón”.
Según el propio comunicado del MAPA, emitido el 4 de agosto con ocasión de la última ampliación de presupuesto aprobada por el MAPA, “…el potencial de crédito subvencionable se eleva a 500 millones de euros. Hasta la fecha, se han beneficiado de esta línea unos 2.500 solicitantes, con un crédito total subvencionado de 103 millones de euros.”, lo que implicaría que habría algunas solicitudes más aprobadas desde marzo, pero que apenas se ha realizado un 20,5% del total previsto.
Unión de Uniones se dirigió por escrito en mayo de este año al ICO para llamar su atención acerca del escaso interés que estaba despertando la Línea MAPA-ICO-SAECA y solicitando una reunión con el fin de evaluar las posibles dificultades que los agricultores y ganaderos estuviesen encontrando y buscar soluciones a las mismas. La respuesta del ICO fue lanzar la pelota al tejado del MAPA “como responsable de las propuestas y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros”. También se dirigió entonces por escrito al MAPA la organización con esta misma preocupación, sin haber recibido respuesta alguna.
Para Unión de Uniones, el nivel de endeudamiento que tienen ya las explotaciones agrarias debido a la difícil situación que llevan arrastrando en las últimas campañas, unido a la subida de los tipos de interés y la incertidumbre sobre la capacidad de devolver los préstamos en un escenario económico general y sectorial muy complicado, tienen que ver con la baja ejecución de la medida.
Por ello, la organización considera que si no se mejoran sustancialmente las condiciones va a ser “extremadamente difícil”, dados los datos de ejecución disponibles, que el sector vaya a solicitar masivamente esta línea hasta alcanzar los 60 millones de euros que ahora hay presupuestados.
“Más bien parece que dentro de los paquetes de sequía esta medida se acrecienta de forma que se tenga la sensación de que el sector recibe una lluvia de millones, pero que realmente esto no conlleve un gasto real”, critican desde Unión de Uniones. Para la organización hubiera sido mucho más útil que los fondos que en las ampliaciones han engordado esta línea se hubieran destinado a ayudas directas. “Si la ejecución sigue en esta tendencia, es lo que debería hacer el Ministerio” concluyen.
