Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos tras analizar la Resolución provisional del FEGA sobre ayudas directas a la ganadería de vacuno, ovino y caprino contempladas en el RD-ley 04/23, considera que el reparto de las mismas es ampliamente mejorable, ya que quedan acumuladas en una pequeña proporción de productores de gran tamaño.
Unión de Uniones estima que el importe que recibirían todas las explotaciones sin tener en cuenta el criterio territorial (100% del importe en zonas de afección alta, 50% en media y 25% en moderada), beneficiaría a las grandes empresas ganaderas: en torno al 15% de los beneficiarios de mayor tamaño, de entre los que figuran apenas pocas entidades asociativas, acumulan hasta el 50% del presupuesto de las ayudas a la ganadería.
La organización explica que en el Real Decreto-ley se establecen, según los distintos sectores, o bien límites máximos (ovino y caprino, 2.000 animales, y vacuno de leche, 725 vacas) o bien degresividad (vacuno de carne, 50% del importe a partir de las 250 primeras vacas); que contribuyen a limitar la proporción del presupuesto que es acumulada por los beneficiarios con mayor tamaño.
Asimismo, el RD-ley también establece un límite mínimo, que excluye explotaciones que no llegarían a percibir 200 euros de estas ayudas.
Desde Unión de Uniones critican que el Ministerio de Agricultura no estableciera mecanismos reforzados en este tipo de ayudas para focalizar el esfuerzo en los tramos más vulnerables a las crisis.
Por un lado, las explotaciones de mayor tamaño se benefician de su economía de escala: por lo general sus costes unitarios son mucho menores que explotaciones de menor dimensión, sus periodos de amortización son menores y tienen mejor acceso a financiación, entre otras ventajas. Y por otro lado, las explotaciones hiper reducidas serían beneficiarios cuya renta depende muy poco de la ganadería, se ven muy poco afectados por las crisis que afronta el sector.
Unión de Uniones considera que tanto en los límites inferiores, si bien apenas liberaría presupuesto, y sobre todo en los
límites superiores, en mayores beneficiarios, las ayudas se deberían haber focalizado más en explotaciones de tamaño medio y profesionales, al afrontar estos toda la severidad de la crisis y depender en altas proporciones de su actividad ganadera.
En este sentido, cree que la degresividad se podría haber articulado en torno a dos tramos, en vez de uno, y aplicado en todos los sectores, no solo en el de vacas nodrizas, mientras que en éste también habría sido necesario establecer un tope máximo de animales beneficiarios que habrían impedido una gran concentración del presupuesto en unos pocos grandes beneficiarios.
“No es de recibo que estemos esperando estas ayudas como agua de mayo, nunca mejor dicho, y a la mayoría de los ganaderos profesionales nos borren casi del mapa”, critican desde la organización.
Para la organización también es más que cuestionable la delimitación de zonas afectadas por la sequía: mientras que en ganadería se da a nivel autonómico y de forma inamovible por estar ya publicado en el BOE, en el proyecto de orden a las ayudas al sector agrario se contemplan regionalizaciones a nivel provincial o incluso comarcal, permitiendo por ejemplo en Castilla y León determinar a Salamanca, Segovia o Ávila como zonas de alta afección, por lo que recibirán el 100% del importe unitario, mientras que en ganadería toda Castilla y León es zona de afección media, 50% del importe unitario.
“Parece que lo han hecho deprisa y corriendo para salir del paso. Esto demuestra claramente la poca implicación real del Ministerio con nuestra ganadería y menos aún con los ganaderos que más dependen de la actividad para su sustento”, concluyen desde Unión de Uniones.
