La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2017, muestra su malestar ante la escasa prioridad que se le da a la agricultura y la ganadería para el próximo año y la ausencia de instrumentos eficaces para mejorar la problemática del sector.
Esta organización manifiesta su malestar por la pérdida de peso del sector productivo entre las prioridades del ejecutivo europeo que ha publicado su agenda de líneas de trabajo para 2017 en los pasados días. Entre éstas no se encuentran mecanismos llamados a resolver lo que, de base, no funciona en la política para el sector agrario y que, como es patente, tiene que ver con la volatilidad de los mercados y los desequilibrios en el reparto del valor añadido a lo largo de la cadena.
Entre las propuestas prioritarias se encuentra la de consolidar el Reglamento Omnibús, como ya se anunciara a principios del mes pasado, con la modificación de los cuatro reglamentos eje de la PAC lo cual, según la organización, provocaría una mayor flexibilidad a la figura del agricultor activo, haría la PAC menos común y se mantendrían intactas las deficiencias que se han puesto en evidencia en el incumplimiento de los objetivos de la Política Agraria de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
Asimismo, se reserva un amplio capítulo sobre los tratados de libre comercio con otros países, como la consolidación, ya anunciada, del CETA, pendiente de ratificar por los países miembro, así como otros acuerdos con países como Sudáfrica, Túnez, México, Mercosur, Japón o Estados Unidos, en este último caso, se verá aún si por rediseñar tras los nuevos acontecimientos políticos con la reciente elección presidencial de Donald Trump.
Unión de Uniones considera que se debe estudiar el impacto de estos tratados desde una perspectiva global, ya que la Comisión recoge sólo los empleos generados en el ámbito de import-export, sin contar los relacionados con las economías productivas, tanto en ganancias como en pérdidas, ni las consecuencias que la armonización normativa para facilitar el comercio puede tener para los consumidores europeos que confían en los estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad que la UE ha tejido en su proceso de construcción.
Además, la organización subraya que recientemente la Comisión ha reconocido que la Unión Europea no es hoy capaz de defenderse eficazmente contra las prácticas abusivas de las que hacen uso terceros países en las relaciones comerciales internacionales, por lo que parece evidente la necesidad de manejar con extrema precaución estos acuerdos globales.
Desequilibrios en la cadena alimentaria
A pesar del Consejo celebrado en Bratislava, a mediados de septiembre, en el que los Ministerios de Agricultura reconocieron la desfavorable situación de los agricultores en la cadena alimentaria y asumieron el compromiso de abordar estos problemas desde un enfoque comunitario, en la Agenda Europea no se encuentran avances concretos en esta materia que permitan erradicar las continuas prácticas abusivas de una parte de la industria y la distribución, cuya existencia los propios Ministros del ramo reconocen.
La organización cree que la agroalimentación se enfrenta a grandes retos y Europa no puede ser ajena a ello. “Las crisis que hemos vivido, y estamos viviendo, en muchos sectores, como el lácteo, no pueden seguir por estos derroteros. “ – Afirman desde Unión de Uniones – “El tratamiento de las crisis por parte de la Comisión creemos que no es el adecuado, faltan medidas contundentes para afrontar la problemática, se persiste en los errores del pasado y la agenda para 2017 no deja de ser una muestra de ello” – añaden.
Por otro lado, Unión de Uniones encuentra a faltar temas importantes para la agricultura española que, en su momento, Unión de Uniones remitió por escrito al Parlamento Europeo durante el proceso de dialogo para elaborar la Agenda de la Comisión, tales como sanciones correctivas de los reiterados atentados contra las producciones españolas y su libre circulación en la Unión Europea; la existencia de protocolos armonizados que obliguen a la misma intensidad de lucha en todos los estados miembros en la erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y la homogeneidad en la aplicación de las normas de competencia a nivel europeo.
