La Alianza UPA-COAG ha mostrado su preocupación tanto al Ministerio como a la Consejería de Agricultura por el cumplimiento de algunos de los compromisos y exigencias establecidas en la nueva ayuda de los eco-regímenes, que con un presupuesto para 2023 de 1.107.493.482 € supone un 23% del total de la nueva PAC, por lo que aun siendo de carácter voluntario, resultan fundamentales para mantener la rentabilidad de las explotaciones.
En este sentido, reclaman una vez más al Gobierno regional que inste al Ejecutivo central a que establezca los mecanismos necesarios para que no se produzcan desviaciones importantes con respecto a los importes inicialmente planificados, proponiendo para tal fin que se recoja normativamente la posibilidad de realizar un reajuste en la dotación financiera de los distintos eco-regímenes una vez conocida la superficie subvencionable en cada uno de ellos.
Cabe recordar que cada eco-régimen dispone de un presupuesto a repartir entre las hectáreas que cumplan la práctica, bien de forma lineal o bien de forma degresiva, pudiendo cobrar unos importes que van de un máximo a un mínimo con un un amplio margen, en el que se sitúa el “importe planificado”.
El sistema de trasvase de fondos entre eco-regímenes, la degresividad de las ayudas, y la minoración de las mismas se encuentra recogida en los borradores de la nueva normativa de PAC, pero tras su análisis y confrontación con la realidad de las prácticas culturales de nuestros campos, a la Alianza UPA-COAG le preocupa la posibilidad de que se produzcan solicitudes mayoritarias de hectáreas en ciertos eco-regímenes, mientras que otros sean menos solicitados, provocando que los beneficiarios de alguno de ellos cobren los importes máximos mientras que otros que inicialmente preveían unos determinados importes, se vean perjudicados por las correcciones a la baja.
Por este motivo, la Alianza UPA-COAG solicita a la Consejería de Agricultura a que realice ella misma encuestas de intención de siembra y simulaciones, e inste al Ministerio también a hacerlas, para ajustar los presupuestos asignados a cada uno de los Eco-regímenes y tipologías de superficies, y establezcan así los mecanismos necesarios para evitar que se produzca un reparto desproporcionado e injusto entre los suscriptores de los mismos.
Con relación a la necesaria flexibilización de requisitos para acogerse a los eco-regímenes, la Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que tal y como están haciendo otras comunidades autónomas, como Madrid o Castilla La Mancha, se apliquen excepciones de un porcentaje en la rotación, o el permiso de un pase de cultivador en la siembra directa. Igualmente, pedimos que se reduzcan los baremos de carga ganadera de 0,20 a 0,15 en pastos mediterráneos, con el objeto de minorar el impacto de la sequía y de las nuevas tablas de conversión de ganado a UGM. La Alianza considera también que es necesario flexibilizar el cumplimiento de determinados requisitos para el eco-régimen de pastoreo en extensivo, sobre todo la obligación de registro en SITRAN, así como CUE de entrada y salida de animales de cada término municipal, máxime cuando se pasta en parcelas de términos colindantes. Por otro lado, debería permitirse adaptar las fechas de no aprovechamiento mediante siega en función de las comarcas.
Cabe tener muy presente que la regulación de los ecoesquemas se plantea en un contexto nacional, pero nada tiene que ver la campaña agrícola en el sur del país con el norte; lo que es más, existe un variado margen en las fechas de aprovechamiento dentro de la propia comunidad autónoma de Castilla y León. Pretender establecer unas mismas fechas de cumplimiento de determinados requisitos para realidades tan diferentes puede resultar especialmente perjudicial en algunas comarcas.
Así mismo, existe una enorme incertidumbre motivada por la inseguridad jurídica que supone el hecho de tener que programar la campaña en base a proyectos de reales decretos, normativa pendiente de aprobación, sin conocer su redacción definitiva, que por lógica cabe suponer que recogerá cambios importantes en su articulado final, una vez recogidas las alegaciones correspondientes que han estado llegando al Ministerio.
Y, además, ha de tenerse en cuenta que los agricultores y ganaderos no pueden esperar a su aprobación definitiva, y ante esta demora han hecho lo que se esperaba de ellos, sembrar, a falta de normativa en firme, conforme a las prácticas habituales. Por ello, no se entenderá desde el campo otra cosa que no sea una importante flexibilización de las normas, cuando menos y muy especialmente de cara a la actual campaña agrícola 2022/2023.
