Las negociaciones han sido “durísimas”, pero la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) ofrece un “horizonte de tranquilidad” para el sector agrario y ganadero en nuestro país. Para el nuevo periodo, 2014-2020, se espera la llegada de 47.000 millones de euros, que supondrán alrededor de 1.000 millones para la provincia de Burgos. La PAC abre un “nuevo futuro”, con mayor profesionalidad, un impulso a la incorporación de los jóvenes o un frenazo a la “liberalización” de los sectores del azúcar y el vino, “garantizando” la riqueza productiva en todo el territorio nacional.
Al menos así lo entiende la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Isabel García Tejerina, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Diario de Burgos y Banco Sabadell, ha hecho balance de los últimos cuatro años de política agraria y ganadera desde el Gobierno Central. La representante gubernamental ha asegurado que el Partido Popular ha sido consciente, desde el primer momento, del “potencial” del sector agroalimentario en nuestro país, que además ha tenido “un papel destacado” en la salida de la crisis económica.
“Lo más importante es sentar las bases para que la actividad agraria sea rentable”
En los últimos años, las exportaciones nacionales han crecido un 12 por ciento, pero en el sector de agroalimentación ese aumento ha sido del 23 por ciento, con 41.000 millones de euros movilizados en 2014. Agricultura, ganadería y alimentación contribuyen “de manera decisiva” a equilibrar la balanza comercial, ha insistido la ministra. Además, el MAGRAMA ha impulsado medidas para hacer más competitivo el sector, ser más eficaces, apostar por la calidad y la innovación, a fin de que nuestros productos se vendan mejor en el exterior y nuestras empresas y explotaciones se “internacionalicen”.
La “garantía” de la PAC
Pero todo ese trabajo no serviría de nada si no se hubiese conseguido negociar una Política Agraria Común adecuada a los intereses de ganaderos y agricultores de nuestro país. La PAC 2014-2020 es “una importante garantía de estabilidad”, lo que unido a las políticas propias del Gobierno y de la Junta de Castilla y León permite ofrecer “oportunidades” al campo, sentando las bases para que “la actividad agraria y ganadera sea rentable”. Eso es lo más importante para luchar contra la despoblación, uno de los grandes males de la provincia.
Por ese motivo, la incorporación de jóvenes contará con más ayudas (económicas, de financiación, de ventajas fiscales), de tal modo que, en este nuevo periodo de PAC, se pretenden incorporar 15.000 jóvenes (un 50 por ciento más que en el anterior), ha explicado la ministra. Los jóvenes deben ver en el “sector agroalimentario una posibilidad atractiva”, generación de riqueza, para que se asienten en el medio rural, de ahí la lucha que se ha mantenido desde el MAGRAMA para frenar la “liberalización” de los sectores del vino y el azúcar.
La ministra considera que existe un “ahorro potencial de costes” en las explotaciones
García Tejerina ha enviado un mensaje de “tranquilidad” a los productores de remolacha. Se ha conseguido una prórroga de dos años para la finalización de las cuotas, dos años para “ganar competitividad”, ha insistido. Ahora toca reflexionar sobre cómo queremos que sea el sector remolachero después de la OCM del azúcar, garantizando eso sí que la “transición a un nuevo régimen” afecte lo menos posible a las explotaciones, muy importantes también en a provincia burgalesa. “El futuro no es terminar con el sector remolachero”, ha insistido la ministra.
Imposible interferir en los precios
Por otra parte, al responsable del MAGRAMA ha reconocido que “no podemos intervenir en los precios de producción”, una de las grandes preocupaciones de los agricultores y ganaderos. Hace una década, los costes representaban el 30 por ciento de la renta agraria, ahora es el 50 por ciento, y los precios de venta del producto han caído. Sin embargo, la solución pasaría, a juicio de García Tejerina, por mejorar la gestión de las explotaciones. “Existe un margen de rentabilidad importante si centramos la atención en los costes” propios de esas explotaciones, apostando por la innovación o la agronomía.
Ante un mercado internacional potente, que marca las normas, el Gobierno Central poco más puede hacer salvo “aliviar” la renta de ganaderos y agricultores. Por esa misma razón, se ha planteado una rebaja estructural de los módulos agrarios de la Seguridad Social en los sectores del vacuno de leche y la patata, con rebajas en las bases imponibles del 38 y el 30 por ciento, respectivamente. La orden ministerial que lo regula se ha publicado hoy mismo, ha explicado la ministra, recordando que la medida facilitará un ahorro de 100 millones de euros para los ganaderos de vacuno de leche y de 20 millones para los productores de patata.
Patricia Carro – www.burgosconecta.es
