La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Dirección General del Catastro, en el marco de una reunión mantenida ayer, 19 de abril, acuerdan abrir líneas de trabajo para evaluar el alcance de las sobrevaloraciones catastrales denunciadas por la organización en distintas ocasiones.
La organización expuso las graves consecuencias que tiene para la actividad productiva el sistema de valoración vigente, al realizarse de forma que comporta valores catastrales superiores a los límites legales establecidos en la legislación catastral y tributaria, así como, en los principios constitucionales del sistema tributario.
Unión de Uniones insistió en que las construcciones agrícolas, ganaderas o forestales son necesarias para el desarrollo de la actividad y cómo el sistema vigente de valoración catastral afecta, o puede afectar, de forma injusta y negativa, tanto en el IBI Rústico como en la concesión de becas universitarias, así como podría desvirtuar las bonificaciones fiscales contempladas para las ayudas de modernización de las explotaciones agrarias catalogadas como prioritarias.
Asimismo, la organización manifestó cómo, desde 2007, como consecuencia de los procedimientos de valoración colectiva general urbana o rústica y la regularización catastral 2013-2016, la valoración catastral se ha estado llevando a cabo de forma contraria a lo establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española y en el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al apartarse de la capacidad económica de los titulares de dichas construcciones y de los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria, así como, de proporcionalidad y respeto de los derechos y garantías de los agricultores, ganaderos y silvicultores obligados tributariamente.
La Dirección General de Catastro, se comprometió a abrir líneas de trabajo para, por un lado, evaluar el alcance de las sobrevaloraciones catastrales denunciadas y, por otro, trasladar, a las autoridades competentes, la necesidad de adecuar las valoraciones efectuadas por las CC.AA. en los impuestos relacionados con las transmisiones patrimoniales y modificar el IBI Rústico con el objetivo de ajustar la tributación de las construcciones agrícolas, ganaderas y forestales a los principios tributarios y constitucionales.
