Durante una nueva reunión de los máximos responsables de Partido Socialista de Castilla y León, con su secretario general a la cabeza, Julio Villarrubia, con las Organizaciones Agrarias y las Unión Regional de Cooperativas, éste ha reclamado al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que abone los fondos de desarrollo rural que están todavía pendientes.
La secretaria de Agricultura y Ganadería del PSOE CyL, Ana Sánchez, mostró la preocupación existente por los fondos de desarrollo rural “que están por llegar y pagar” a Castilla y León. Por ello, instó a la consejera que los reclame al Ministerio ya que las políticas agrarias “es imposible poderlas llevar a cabo sin esas ayudas”. Al respecto aludió al daño que causa el impago para ejecutar con el dinero adeudado aspectos como la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganadero o el cese anticipado de la actividad.
[[{«fid»:»6767″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:345,»width»:640,»style»:»width: 640px; height: 345px; border-width: 4px; border-style: solid; margin: 6px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]Además, Sánchez explicó que desde el PSOE no se comprende cómo la consejera, después de la última Conferencia Sectorial de Madrid, “se vanaglorie de haber conseguido 120 millones de euros más para desarrollo rural, lo que es radicalmente falso”. En este sentido, la responsable de Agricultura del PSOE sostuvo que en base a los nuevos sistemas de cofinanciación, que reducen la aportación ministerial de un 50 a un 30 por ciento, “no sólo la Comunidad no va a recibir 120 millones de euros a mayores, si no que perderá 98 millones y la Junta de Castilla y León tendrá que poner 103 millones de euros”, explicó. A su vez, indicó que si a ello se suman los “281 millones pendientes de pagar desde el Ministerio a la Comunidad se puede a hablar de un completo fracaso”.
Sánchez consideró que todos estos aspectos, ya que tienen que ver con la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) “y con una unidad ejemplar en el conjunto de Castilla y León”, deben servir para que la consejera Silvia Clemente exija a su homólogo ministerial, Miguel Arias Cañete, que vuelva a convocar cuanto antes la Conferencia Sectorial de Agricultura y a las comunidades autónomas. “Allí se le debe exigir que mantenga en 50 por ciento de la cofinanciación y que se apliquen criterios objetivos y, por supuesto, que pague lo que debe a los agricultores castellanos y leoneses”, concluyó.
Respecto a la Ley Agraria, uno de los principales puntos abordados en la reunión del PSOE de Castilla y León con Asaja, la Alianza UPA-COAG, UCCL y Urcacyl, el secretario regional de los socialistas, Julio Villarrubia, señaló que existe una interlocución “muy fluida” con todas las organizaciones profesionales. “Se ha hecho un trabajo intenso en el desarrollo y ejecución de esta Ley que está en tramitación parlamentaria y que tendrá un desenlace inmediato en breves fechas. Las propuestas y alternativas en el área de agricultura, ganadería y desarrollo rural se han estudiado a fondo, al igual que importantes carencias que pediremos sean corregidas”, señaló.
El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, señaló que la nueva Ley Agraria irá al pleno e las Cortes a mediados de marzo y pidió a los grupos políticos, sobre todo a PP y PSOE, que la mejoren en lo que queda de tramitación “para aprobarla con consenso”, al considerarla “muy necesaria” para el campo de Castilla y León. “Todos hemos tenido que ceder en algo pero se trata de una ley agraria y de desarrollo rural y medio ambiente, y aunque no recoja todos los aspectos económicos y sociales pedidos hay que apoyarla”, dijo. Dujo añadió que confía en que se “defienda” el texto legal que contiene puntos necesarios como la incorporación de jóvenes y apoyo a la mujer rural; mejora la rentabilidad y la productividad del sector; concentración y mejora de los recursos agropecuarios; y potenciación del papel de las cooperativas y la interlocución y el trabajo de las Opas.
Por su parte, en representación de la alianza UPA-COAG, Julio López, concretó que el trabajo conjunto para diseñar la Ley debe conseguir que el agrícola y ganadero sea un “sector estratégico” y que se recojan aspectos “que no tiene la Política Agraria Común (PAC) por una mala aplicación”. En este sentido recordó que se han presentado 61 alegaciones “porque hay muchos aspectos aún por mejorar, como que se reconozca la figura del agricultor y ganadero a título principal”. López reclamó que en la cadena de valor exista un papel vinculante para que se protejan a los productores de la especulación y pidió expresamente que las concentraciones parcelarias sean privadas. “Estamos en desacuerdo ya que se trata de infraestructuras de uso público, y debería acotarse lo público-privado en el caso de los regadíos, pero en las concentraciones parcelarias la financiación debería ser siempre pública”, añadió.
En representación de la Unión de Campesinos (UCCL), Rosa Arranz, se congratuló de que la Ley Agraria “pueda reunir en una sola varias leyes dispersas”, al tiempo que consideró que se debe incluir en la cadena de valor a las Opas productivas “para que se eviten especulaciones y márgenes de precios por productos pequeños e injustos que hacen inviables las explotaciones”. Igualmente, reclamó que la ley recoja la figura del agricultor y ganadero a título principal y que las concentraciones parcelarias no se privaticen, “además de que tenga una mayor incidencia el desarrollo rural, y el apoyo a las mujeres y los jóvenes”.
Finalmente, el portavoz de la Unión de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl), Jesús Carrión, confió en que el “en desarrollo reglamentario posterior” la nueva Ley Agraria que se apruebe “no cree dudas” y apostó por que se contemple que el sector de la comercialización de productos se tenga más en cuenta y las cooperativas estén más representadas. “Se trata de que la cadena de valor sea una figura ejecutoria y no simbólica”, dijo. También reclamó que el arbitraje se someta a una ley de ámbito nacional “y que se sepa a quién hay que acudir y que no sea la justicia ordinaria”.
