Silvia Clemente, Consejera de Agricultura y Ganadería, a la salida de la Conferencia Sectorial que se ha celebrado entre los días 20 y 21 de enero, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Castilla y León mantenga su ficha financiera previa en lo que se refiere a las ayudas de la PAC con 925 millones de euros de pagos directos y vea incrementado en 120, hasta llegar a los 975 millones de euros, el conjunto de los fondos que se destinarán a Desarrollo Rural en el periodo financiero 2014 – 2020.
La máxima responsable del sector en Castilla y León ha destacado el apoyo que van a recibir los sectores ganaderos a través de las ayudas acopladas pues van a percibir el 84 por ciento de estos fondos con una especial incidencia en sectores como el vacuno de leche, las vacas nodrizas o el ovino de gran importancia para esta región que todavía reúne a 36.000 profesionales y en la que el peso de este sector se equipara con el agrario en la economía general. Además, y dentro de esos pagos acoplados, la remolacha, un sector vital para la región percibe, 18,4 millones de euros, sin olvidar el apoyo que se va a dar a los cultivos protéicos y a las legumbres, pues no se puede olvidar que el 97 por ciento de la superficie dedicada en España a estos cultivos amparadas en marcas de calidad están en Castilla y León.
Silvia Clemente ha valorado como muy positivo el hecho de que estos sectores y cuantías se van a revisar en 2016, pudiéndose entonces si así se demanda alcanzar el tope de fondos que se puedan dedicar a este tipo de pago, un 15 por ciento del total, mientras que ahora se ha llegado sólo hasta el 12.
Con respecto a la definición del agricultor activo, se ha seguido, no hasta el final apuntillaba Clemente, el planteamiento de Castilla y León pero se ha dado un paso muy importante hacia la profesionalización total del sector.
Para finalizar, la Consejera de Agricultura y Ganadería ha destacado el incremento en 120 millones de euros para el periodo 2014 – 202 de los fondos de Desarrollo Rural, «corrigiendo» lo hecho por el Partido Socialista en 2007, aseguraba Clemente, alcanzandoo los 975 millones de euros.
Esta Organización Agraria valora que el trabajo en Castilla y León ha dado resultado y buena parte de los acuerdos de la Sectorial en el apartado del Agricultor Activo son casi «calcados» del documento de consenso firmado por el sector en esta comunidad autónoma, aunque no se han alcanzado todos los objetivos como es el hecho de que se haya aprobado que sea considerado como tal aquel cuyos ingresos procedentes de la producción sea el 20 por ciento y no el 50 que se planteaba desde esta región.
ASAJA se muestra muy crítica con lo aprobado para las ayudas acopladas pues sólo recibirán un 12 por ciento de los fondos, en lugar del 15 por ciento al que se aspiraba, preocupando, por escasos los fondos que se destinan a la remolacha.
Para finalizar, en lo que se refiere al Desarrollo Rural, Castilla y León solo ha conseguido, en opinión de esta OPA, mejorar levemente la cifra que percibía. Pero un 12 por ciento del presupuesto nacional se aleja mucho de lo que objetivamente, por tamaño y características agroganaderas, debería recibir esta Comunidad Autónoma. También critica muy negativamente ASAJA que el ministerio abandone el compromiso de cofinanciación que hasta ahora tenía este programa, puesto que en adelante la aportación nacional y autonómica, en lugar de ir al 50 por ciento, será del 70 por ciento para la región y sólo del 30 por ciento para Madrid, lo que supondrá un sobreesfuerzo para la comunidad autónoma en un momento económicamente muy complicado.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que los grandes perdedores del acuerdo de la sectorial son agricultores activos, jóvenes y productores históricos de frutas hortalizas y viñedo.
Con respecto al Agricultor Activo, esta Organización considera insuficiente el acuerdo COAG pues se sigue dejando la puerta abierta a los 300.000 perceptores, no profesionales, que cobran ayudas PAC, un tercio del total y crean agravios con otros estados de la Unión Europea donde sólo perciben estas ayudas los agricultores y ganaderos de verdad.
El nuevo modelo de ayudas desacopladas sobre la base de las referencias históricas pretende consolidar el esquema de percepción de ayudas PAC de los últimos años, manteniendo importes equivalentes para los actuales beneficiarios del régimen de pago único y cerrando la puerta a los agricultores jóvenes que no hayan percibido ayudas en los últimos años. Este planteamiento, conocido como “statu quo”, sitúa en inferioridad a los agricultores jóvenes, marginándoles e impidiéndoles trabajar en igualdad de condiciones, dificultando el vital relevo generacional.
Además, desde COAG se señala que Miles de agricultores profesionales de frutas, hortalizas y viñedo se quedarán sin acceso a las ayudas PAC, lo que supone dejar fuera del sistema a 1 millón de hectáreas.
Con respecto a las ayudas acopladas el porcentaje aprobado del presupuesto total de pagos directos se queda muy lejos del 15% permitido por la UE para mejorar la escasa asignación para determinados sectores incorporados o que han quedado excluidos. Es fundamental el apoyo a sectores en riesgo de abandono, con problemas de rentabilidad o situados en zonas con dificultades específicas.
Para finalizar, con respecto al Desarrollo Rural la Coordinadora ve con tremenda preocupación que se puedan perder fondos procedentes de Bruselas ante los problemas de cofinanciación de los programa de Desarrollo Rural.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en un comunicado de prensa se ha reclamado a Silvia Clemente una reunión urgente al objeto de informar del desarrollo de la reunión, y valorar los acuerdos que sobre la aplicación de la PAC, se hayan podido alcanzar
Según lo publicado, para esta Organización resulta, ciertamente, desalentador que no se haya aprovechado esta ocasión para establecer que las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC), tengan como destinatarios a los agricultores y ganaderos que realmente tienen la actividad agraria como principal y cumplen las exigencias legales en materia fiscal y con la Seguridad Social.
