Ayer, 26 de febrero, el consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, presentaba las propuestas para una reforma de la Política Agraria Común que la lleve a ser más eficaz y más justa.
- Eliminación de los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización del pago básico o «estratos», evitando con ello el colapso de la reforma por confrontación entre territorios, producciones, secano – regadío, generaciones, grandes y pequeños, profesionales, activos…
- Sustitución del pago por superficie por una compensación de la renta en función del ejercicio real de la actividad agraria.
- Sustitución del enfoque regional por uno individual
- Consideración de los beneficiarios en su condición de persona física, con independencia de la modalidad jurídico – física bajo la que desarrolle la actividad agraria.
- Establecimiento de una renta de referencia respecto de la que compensar la renta agraria individual realmente obtenida, atendiendo al rendimiento neto reducido de las actividades agrarias imputado en la declaración del IRPF y a la atribución de rentas agrarias procedentes de sociedades con actividades agrarias, excluídas obviamente las subvenciones que puedan incluir tales conceptos.
- Inclusión de todos los agricultores en la compensación de rentas, con independencia de su orientación productiva y dimensión.
- Corrección de la renta de referencia objeto de compensación en función del grado de profesionalidad agraria de los beneficiarios, medida como proporción de los ingresos agrarios sobre los totales consignados en la declaración del IRPF. Pretende favorecer la profesionalidad.
- Corrección de la compensación de renta en función de la dimensión acreditada por el beneficiario, medida como relación entre el valor de mercado de la producción potencial de la explotación y una producción estándar establecida a priori.
- Corrección de la compensación de renta en función de la eficiencia productiva de la explotación acreditada por el beneficiario, medida como relación entre el valor de mercado de la producción realmente obtenida y el valor de la producción potencial a priori establecida para la explotación. Pretende penalizar la infrautilización de los recursos agrarios así como comportamientos asimilables a los «agricultores de sofá».
- Condicionamiento del pago de la ayuda al cumplimiento de ciertas exigencias agronómicas, ambientales y sociales que es preciso redefinir de modo que refuercen la legitimidad de la ayuda pública asignada.
