Según los recientes datos ofrecidos por la Seguridad Social con respecto a los autónomos que cotizan en los distintos sectores en Castilla y León, desde la Unión de Asociaciones de Autónomos y Emprendedores (UATAE) se señala como en 2014 se han perdido 101 cotizantes a la rama agraria al pasar de los 41.941 a los 41.840
[[{«fid»:»15666″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:253,»width»:362,»style»:»width: 362px; height: 253px; border-width: 4px; border-style: solid; margin: 7px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]León, Zamora y Burgos son las tres provincias que más cotizantes pierden en este apartado con 107, 69 y 40 respectivamente, mientras que Soria, Segovia y Valladolid son las que más ganan con 50, 45 y 34 respectivamente.
Según UATAE en Castilla y León “el sector primario ha vivido en las últimas décadas una importante crisis silenciosa, con la desaparición de un considerable número de explotaciones en algunos casos por jubilación, sin que se haya producido un adecuado relevo generacional. Este año los índices de caídas se han atemperado en relación a periodos anteriores, pero la bajada ha continuado”.
Para la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, «el sector agrícola y ganadero necesita medidas reales que frenen esa sangría, siendo especialmente importante controlar las subidas desproporcionadas en determinados factores de producción básicos en el campo, como gasóleo, abonos, piensos y electricidad. Por otra parte están también los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y en destino, consecuencia en muchos casos de un mercado cautivo por las grandes cadenas de distribución, que se permiten lanzar “campañas a perdidas”, utilizando determinados productos agrícolas como reclamo para el consumidor, práctica que las Administraciones Públicas tienen que tratar de frenar».
En cualquier caso, desde UATAE se lamenta que en la aplicación de la nueva PAC en España no se haya avanzado en la definición clara de “agricultor activo” y se haya dejado abierta la puerta a aquellos que no lo son y puedan justificar “el riesgo empresarial” para poder cobrar esas ayudas.
