UPA celebra la resolución de la Audiencia Nacional que reconoce la existencia del cartel lácteo denunciado por la organización
Este 21 de febrero de 2024, se ha hecho pública una sentencia que no solo confirma el delito de pacto ilícito de precios por parte de las principales industrias lácteas entre 2000 y 2013, sino que también respalda las demandas de más de 5.000 ganaderos representados por Unións Agrarias-UPA Galicia. Este grupo demanda la devolución de los importes adeudados por la producción vendida en dicho período, marcando un precedente crucial en la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores agrícolas.
Un Largo Camino hacia la Justicia
La lucha de la Unión de Pequeños Agricultores contra las prácticas anticompetitivas en la industria láctea se remonta a años de esfuerzos y reivindicaciones. La confirmación de la Audiencia Nacional sobre la existencia del cártel y su impacto en los precios de la leche representa una victoria significativa para los agricultores y ganaderos afectados. A pesar de que la sentencia ha reducido la cuantía de las sanciones inicialmente reclamadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el reconocimiento del hecho delictivo subraya la importancia de la persistencia y la lucha colectiva en la búsqueda de justicia.
Impacto y Repercusiones de la Sentencia ganada por UPA
La sentencia abre la puerta a que los ganaderos afectados por el cártel lácteo inicien o se sumen a las demandas individuales para determinar las indemnizaciones correspondientes. UPA ha hecho un llamado a todos los ganaderos que aún no han reclamado su derecho a sumarse al procedimiento, enfatizando que es el momento de reivindicar lo que legítimamente les pertenece. La organización subraya que cualquier titular de explotaciones que haya vendido leche entre 2000 y 2013 tiene derecho a reclamar el reembolso del diferencial entre lo que efectivamente cobraron y lo que deberían haber recibido, sin los pactos de precios ilícitos.
El Futuro Post-Sentencia: Un Aumento en las Reclamaciones
La confirmación de la Audiencia Nacional no solo valida las denuncias de UPA, sino que también pone en relieve la magnitud del impacto del cártel lácteo en el sector. Con alrededor de 5.000 demandas ya aglutinadas por UPA y un estimado de más de 49.000 ganaderos potencialmente afectados, se anticipa un aumento significativo en el número de reclamaciones. Esta sentencia no solo representa un paso adelante en la compensación de los perjuicios sufridos, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de la transparencia y la equidad en el sector agroalimentario.
La resolución de la Audiencia Nacional es un testimonio de la resiliencia y la determinación de la UPA y sus representados. Marca un precedente en la lucha contra las prácticas anticompetitivas y subraya la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en el sector agrícola. A medida que avanzan las demandas individuales y más ganaderos se suman al procedimiento, este momento histórico no solo ofrece una esperanza de compensación justa, sino que también refuerza el compromiso con una industria láctea más justa y transparente.
El «cártel de la leche» se refiere a una práctica anticompetitiva en la industria láctea, donde varias empresas del sector se coludieron para manipular el precio de la leche, afectando tanto a los productores como a los consumidores. Esta colusión involucra acuerdos entre competidores para fijar precios, limitar la producción, repartirse mercados o clientes, o realizar prácticas de boicot, con el objetivo de aumentar de manera ilícita sus márgenes de beneficio a expensas de la competencia leal.
Contexto y Descubrimiento
El descubrimiento de tales cárteles suele ser el resultado de investigaciones llevadas a cabo por autoridades de competencia, ya sea por denuncias internas (a través de programas de clemencia donde uno de los implicados denuncia la existencia del cártel a cambio de reducción de sanciones) o por investigaciones propias de las autoridades. En el caso del cártel de la leche, se han reportado situaciones en varios países donde las autoridades han intervenido para sancionar y desarticular estas prácticas anticompetitivas.
