Siguiendo el ejemplo de otros países de la UE, especialmente Alemania y Francia, el campo español anuncia movilizaciones generales.
En un contexto de creciente frustración y descontento, las principales organizaciones agrarias de España, ASAJA, COAG y UPA, han decidido retomar un calendario de movilizaciones.
Esta decisión surge como respuesta a las difíciles condiciones y la asfixiante burocracia impuesta por las normativas de la Unión Europea y las políticas nacionales que afectan al sector agrario. Estas movilizaciones, que se desarrollarán inicialmente en las Comunidades Autónomas, tienen como objetivo principal reclamar un ambicioso plan de choque que integre medidas a tres niveles: la Unión Europea, el gobierno de España y las Comunidades Autónomas.
Movilizaciones en toda España
El malestar del sector agrario no solo se limita a España sino que se extiende por toda Europa. Uno de los principales puntos de conflicto es el mercado desregulado, que permite la importación de productos agrícolas de terceros países a precios bajos, ejerciendo una presión a la baja sobre los productos de la UE y España. Estos productos importados, a menudo, no cumplen con las normativas internas de la UE, lo que representa una competencia desleal y pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones en el continente.
En este sentido, las organizaciones agrarias exigen la paralización de las negociaciones de acuerdos de libre comercio con países como el MERCOSUR, Nueva Zelanda, Chile, Kenia, México, India y Australia. También solicitan un mayor control en la frontera con Marruecos para asegurar que los productos agrícolas importados cumplan con las normativas de la UE y los aranceles establecidos.
Otra demanda clave es la flexibilización y simplificación de la Política Agrícola Común (PAC), incluyendo los ecoesquemas y las BECAM. La actual complejidad burocrática impone costes elevados y dificulta el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
A nivel nacional, las organizaciones piden la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir prácticas desleales y asegurar que los precios cubran los costes de producción. Además, abogan por sanciones más severas y un aumento de los recursos de control de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
También se ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar problemas como las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, los precios y costes de producción, la simplificación de la PAC, los sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
En cuanto a la ley de la Cadena Alimentaria, se busca su reforzamiento y la publicación de índices de precios y costes por parte del Observatorio de la Cadena. La AICA debería intensificar sus inspecciones para combatir los “precios anormalmente bajos”.
Además, se exige al Ministerio de Agricultura la creación de un observatorio sobre las importaciones y el refuerzo de las demandas en Bruselas para exigir reciprocidad en los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio de la UE.
Peticiones a las Comunidades Autónomas
Para las Comunidades Autónomas, se demandan reformas urgentes en la simplificación de los trámites burocráticos. También se destaca la situación crítica en la sanidad animal, exigiendo una política coordinada y coherente.
Un aspecto crucial es la demanda de un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, adaptándolo a las crecientes incidencias climáticas. A nivel de gobierno y Comunidades Autónomas, se solicita un reforzamiento en los mecanismos de incorporación de jóvenes al sector, frenando la especulación y facilitando el acceso a la tierra.
Estas movilizaciones y demandas reflejan la necesidad de un cambio significativo en las políticas agrarias, tanto a nivel nacional como europeo, para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sector agrario en España y en toda Europa.
