Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, se muestra en esta entrevista preocupado por las consecuencias que puede tener para el sector primario la política verde de la PAC que entrará en vigor el próximo año y recuerda a los profesionales del campo la importancia de presentar las solicitudes este año porque los derechos de Pago Básico serán referencia a partir de 2023
¿Cómo analiza la situación del campo actualmente en Castilla y León?
Ha llovido muy poco, es una situación preocupante tanto en secanos, como en regadío en determinadas zonas como Pisuerga, Carrión y Duero. Llevamos desde todo enero y febrero se va a escapar casi sin lluvias y ahora, en el secano, se están aplicando fertilizantes o fitosanitarios. Está el campo retrasado, en general, y también el efecto de las heladas da un aspecto de tonos pálidos porque necesitan el agua.
¿Cuánto más pueden aguantar el campo para hablar de situaciones realmente preocupantes?
Es difícil porque hay diferentes producciones de invierno y depende también del tipo de suelo. No es solo la lluvia sino las temperaturas elevadas, hay margen hasta el 15 de marzo más o menos y, desde ahí, pensar qué pueda pasar .
¿Cómo se traduce esta situación en la presentación de solicitudes de la PAC?
Estamos en el último año de la actual PAC, el ritmo es mejor que el año pasado, estamos en torno a 1000 solicitudes presentadas y 5000 iniciadas. La mayor parte de agricultores tienen sus siembras planificadas, sobre todo en secano, que es mayoritario. Además, a partir de mayo se pueden rectificar los planes de cultivo. Es un año trascendental, especialmente, para declarar superficies que justifiquen la mayor parte derechos de Pago Basico porque sera referencia de cara a la futura PAC 2023-27.
¿Hay algún dibujo que se pueda ver en esas 1000 solicitudes?
Aún no se puede, van muy orientadas a secano y ganadería. Probablemente, aunque aún es pronto, se incremente la superficie de girasol y de cultivos menos exigentes a la hora de inputs porque el agricultor también tiene en cuenta la situación de precios.
Decía que es importante presentar las solicitudes para consolidar los derechos, ¿por qué?
Es el último año del periodo actual porque, de cara al 2023-27, seguirá habiendo un sistema cuya ayuda principal será en base a derechos, se llamará Ayuda Básica a la Renta, y para determinar esos nuevos derechos en nuevas regiones, un dato que se tendrá en cuenta es el importe del Pago Básico de 2022, es la referencia. La otra variable son las hectáreas que se declaren en cada una de las nuevas regiones. En España había 50 regiones y, en el futuro, pasará a 20, habrá un reagrupamiento: 5 de secano, 5 de regadío, 5 de pastos y para cultivos permanentes habrá 4.
¿Cómo ve el Plan Estratégico que ha presentado España para la futura PAC?
Estamos en situación de espera de ver la reacción de la Comisión Europea al documento presentado, ya que España fue de los que cumplió en fecha, se preveía que en marzo o abril, la CE enviase unas primeras observaciones sobre el contenido, pero se puede retrasar porque hay países que no lo han presentado, como Alemania o Bélgica. Aunque, en términos económicos, se mantenga statu quo, me preocupa que estamos inmersos en un modelo continuista y no hay una clara seña sobre qué modelo queremos de futuro y hay algo que me preocupa: la integración del mandato de Plan Estratégico y los condicionantes agroambientales de las estrategias vinculadas al Pacto Verde. Son estrategias que van hacia una mayor exigencia de uso de inputs, con reducción de fertilizantes o fitosanitarios, o mayor porcentaje de agricultura ecológica. Es preocupante que la CE no tiene un estudio de verdadero impacto sobre esa política más verde, producir más con menos, y eso me preocupa la fuerte presión ambiental que al sector agrario le condiciona. Una universidad de Holanda coincide con otro estudio del USDA americano que las propuestas de la CE van a provocar una reducción de las grandes producciones de Europa entre el 12 y el 20% y eso implica mayor dependencia exterior.
Es un porcentaje peligroso porque la alimentación europea puede depender en esos niveles del exterior y, con la COVID, hemos visto lo que es dependen del exterior. Si ponemos en juego la soberanía alimentaria por decisiones de carácter verde, hay que estudiar las consecuencias
