La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos – Unión de Campesinos (UPA-UCE) de Extremadura ha levantado la voz contra las prácticas abusivas de varias industrias tomateras en la región. Según denuncia la organización agraria, empresas como Conesa, Agrat, Transa y Alsat están obligando a los productores de tomate a firmar contratos con precios por debajo de los costes de producción, vulnerando así la Ley de la Cadena Alimentaria.
El conflicto ha alcanzado un punto crítico, ya que, según UPA-UCE, hasta la mitad de la producción no se ha contratado a fecha de ayer. Esta situación deja fuera de la normativa comunitaria a una parte significativa de la producción de tomate en Extremadura, lo que representa una amenaza seria para los agricultores de la región y para un sector que es de vital importancia para la economía local.
Ante esta situación, UPA-UCE ha exigido la intervención inmediata de la consejería de Agricultura de la Junta y de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para poner fin a estas prácticas abusivas por parte de las industrias. La organización agraria considera que estas acciones están poniendo en riesgo el sustento de muchos agricultores y afectando gravemente a un sector crucial para Extremadura.
En un gesto de solidaridad y apoyo, UPA-UCE respalda a los agricultores tomateros y a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) por su respuesta unánime y firme ante estos especuladores. Los productores se han negado a aceptar el abuso de las industrias, que buscan enriquecerse a costa de los agricultores extremeños, incumpliendo la ley y socavando la estabilidad del sector.
Industrias tomateras
La organización agraria ha anunciado su determinación de actuar con todos los medios a su alcance para combatir lo que consideran «un claro ataque» a los productores de tomate en Extremadura. UPA-UCE está comprometida a utilizar todos los instrumentos legales y de movilización disponibles para defender los intereses de los agricultores y garantizar que se respeten sus derechos y su dignidad como trabajadores del campo.
En medio de esta crisis, es fundamental que las autoridades regionales y nacionales tomen medidas rápidas y efectivas para poner fin a estas prácticas abusivas y garantizar condiciones justas y equitativas para los productores de tomate en Extremadura. La protección de los agricultores y el fortalecimiento del sector agrario son imperativos para el bienestar económico y social de la región, y es responsabilidad de todos asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
El conflicto entre UPA-UCE y las industrias tomateras no solo afecta a los agricultores individuales, sino que también tiene repercusiones significativas en la economía de Extremadura en su conjunto. El tomate es uno de los principales productos agrícolas de la región y una fuente importante de empleo y actividad económica. Por lo tanto, cualquier amenaza a la viabilidad del sector tomatero puede tener consecuencias negativas en la estabilidad económica y social de la región, incluyendo el aumento del desempleo y la disminución de los ingresos locales.
La situación actual destaca la urgente necesidad de realizar reformas estructurales en el sector agrario, tanto a nivel regional como nacional. Se requieren políticas y medidas que protejan a los agricultores frente a prácticas abusivas y garanticen precios justos y equitativos por sus productos. Además, es necesario promover la diversificación económica y la resiliencia del sector agrario mediante la inversión en tecnologías sostenibles y la apertura de nuevos mercados para los productos agrícolas extremeños.
Ante esta situación de vulnerabilidad, es crucial que los agricultores de Extremadura se mantengan unidos y solidarios en su lucha por condiciones laborales justas y dignas. La respuesta unánime de los agricultores tomateros y las OPFH muestra la fuerza y determinación de la comunidad agraria para defender sus derechos y resistir la explotación por parte de las industrias. Esta solidaridad y unidad son fundamentales para enfrentar los desafíos presentes y construir un futuro más próspero y sostenible para el sector agrario en la región.
