El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente explica, a través de un comunicado de prensa, que el proyecto de Ley de de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, recientemente aprobado por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, es una reforma estructural de gran calado que pretende equilibrar las relaciones comerciales, dotar de equidad a cuantas prácticas se producen en la misma y proteger los derechos del consumidor.
De igual manera, el Ministerio entiende que el Proyecto de Ley no sólo no menoscaba el derecho de información del consumidor, sino que cumple con todas las garantías contempladas en la normativa nacional y comunitaria en materia de análisis, teniendo en cuenta además la competencia del Estado para fijar las bases de la coordinación de la actividad económica, ampara las normas y actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la política económica general o sectorial.
El Proyecto de Ley establece medidas con el fin de reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales y establecer un marco de competencia justa, que redunde en beneficio del sector en su conjunto y también de los consumidores. Se trata de vertebrar la cadena alimentaria para aumentar la eficacia y competitividad de este sector, garantizando una distribución sostenible del valor añadido a los productos, a lo largo de la misma, así como conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
Además de contribuir a incrementar la eficacia de la cadena alimentaria, otros objetivos del proyecto de le son la introducción de las tecnologías de la información, el fortalecimiento de las organizaciones interprofesionales, la mejora de la innovación de la industria y la transformación alimentaria, la protección de los derechos del consumidor y la garantía de la unidad de mercado para mejorar la competitividad.
Para lograr estos objetivos, el proyecto se basa en “un modelo mixto de regulación y autorregulación” de las relaciones comerciales entre los agentes, junto con los mecanismos necesarios para el control de lo establecido.
Así, la parte regulatoria consta de dos elementos, la obligatoriedad de los contratos alimentarios y la prohibición de las prácticas comerciales abusivas o desleales. A este respecto, la obligación de formalizar por escrito los contratos entre los operadores tiene el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. Y para evitar las prácticas comerciales abusivas, el proyecto prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. También se prohíben los pagos comerciales que vayan más allá de lo pactado, salvo supuestos específicos y bajo condiciones restrictivas. Asimismo, la autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsaría el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o distribución.
En cuanto al sistema de control de lo establecido en el proyecto de ley, el ministro ha anunciado la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, y el establecimiento de un control administrativo que se aplicará en caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley.
