“No trabajamos para el inglés. Sí al AMI. 42 euros por tonelada”, en La Bañeza (León). “Con acuerdo, sí hay futuro”, en Miranda de Ebro (Burgos) y con banderines de la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG en Toro (Zamora), los remolacheros de Castilla y León han protestado a las puertas de las fábricas molturadoras, convocados por la Alianza, por la decisión de Azucarera de bajar 6,5 euros el precio que paga por la tonelada de remolacha y vincularlo a la evolución del precio del azúcar en el mercado mundial. En Miranda y en Toro, la protesta ha ido acompañada de un corte de la entrada de los camiones llenos de remolacha a las fábricas, en La Bañeza no ha sido posible porque, hasta finales de febrero, no comenzará la recepción.
El secretario general de UGAL-UPA, Matías Llorente, aseguró que “no es un día agradable” y expuso que con la concentración denuncian la decisión “unilateral” de AB Azucarera de “romper la relación con los agricultores y el Acuerdo Marco Interprofesional” y piden que se mantenga ese acuerdo hasta su final, la próxima campaña, y que, después, según el presidente de UCALE-COAG, Apolinar Castellanos, “se negocie y se llegue a los mejores acuerdos para ambas partes”.
A juicio de Llorente, la bajada de precio es una “artimaña” para cerrar las cuatro azucareras que tienen en el país, dado que, con ese precio, no se sembrarán “suficientes” hectáreas y eso se utilizará “como justificante para el cierre”. Cree que la multinacional británica llegó a España, “no para mantener el cultivo, sino por la cartera de comercio” porque, aquí se consumen 1,2 millones de toneladas de azúcar anualmente, mientras que la producción es de 450.000 toneladas y “están trayendo azúcar de otros países y refinándola en Jerez de la Frontera”.
Denuncia ante la UE
Ante la bajada en los últimos años de hectáreas sembradas de remolacha, Azucarera recurre a lo que se denomina 'cultivo compartido', por el cual alquila tierras para que el agricultor plante remolacha que, después se moltura en las azucareras. Este cultivo compartido es de, aproximadamente, 2.000 hectáreas en Castilla y León y “usa a los agricultores para cobrar subvenciones a las que no tiene derecho, el Pago asociado de 525 euros y el PDR, 425 euros, que es para los agricultores y no para la Azucarera, que usa a los agricultores para hacer el cultivo compartido”, por ello estudiarán la posibilidad de una denuncia ante la Unión Europea por la percepción de esas ayudas.
La campaña este año se califica ya de “castastrófica” con rendimientos en torno a 75 toneladas por hectárea y tan solo un 15% de contenido en azúcar, con ello las pérdidas por hectárea rondan entre 500 y 600 euros, que llevan al agricultor al desánimo. Unido, además, al “hartazgo por el comportamiento” de Azucarera con Agroteo (empresa formada por agricultores y Azucarera, en un 51%) que “quiere desmantelar lo que estaba organizado y controlarlo todo, como en Reino Unido”.
Reducción de un 30% de superficie
La mala cosecha de este año, la bajada de precio que se anuncia para la próxima y el hecho de que la mayoría de agricultores hayan cumplido con las exigencias para cobrar las ayudas del PDR, pueden llevar el próximo año a una reducción del 30% de la superficie sembrada de remolacha y llegar a que “en León no se siembren ni 3.000 hectáreas” (frente a las 5.500-6000 de los últimos años), de ellas, además, unas 1.200 son de cultivo compartido de la propia Azucarera. Ante esta situación, son muchos los remolacheros leoneses que esta campaña ya van a entregar su raíz a la cooperativa vallisoletana Acor, que mantiene el precio de 42 euros por tonelada. Sin embargo, ésa no es la solución para todos, recuerda Llorente, que calcula que “Acor se puede llevar unas 2000 hectáreas y quedarían 4.000 sin salida”.
El futuro se ve negro y más después de que Azucarera haya confirmado, añade Llorente, que si en Miranda de Ebro no se superan las 3.500 hectáreas sembradas, la fábrica cerrará.
87 años entregando remolacha en La Bañeza
El secretario general de UCALE-COAG, Apolinar Castellanos, cree que la provincia de León “no puede consentir que se termine un cultivo tan arraigado, que lleva entregando remolacha 87 años en la fábrica de la Bañeza” y añade que “los ingleses se quieren llevar al traste el esfuerzo de los remolacheros por una mala gestión en sus economías. Los agricultores llevan años produciendo a pérdidas y siguen con el cultivo. No puede ser que porque la industria no le cuadren cuentas un año, tire el futuro al traste”.
