Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos apoya las medidas de flexibilización aprobadas el pasado 26 de marzo por el Consejo de Ministros de Europa, pero considera que son insuficientes para atajar la crisis estructural que está atravesando el sector también por el lastre que están suponiendo las medidas medioambientales.
Unión de Uniones se hace eco de lo aprobado el pasado 26 de marzo que tiene que ver con flexibilizar la aplicación de los planes estratégicos de la PAC, simplificar su ejecución y reducir las cargas administrativas así como dar mayor flexibilidad en el cumplimiento de determinadas condiciones medioambientales sin olvidar, según el Consejo, la necesidad de “un cuidadoso equilibrio entre la necesidad de mantener el alto nivel de ambición medioambiental y climática de la actual climático de la PAC actual y garantizar que se tengan en cuenta las preocupaciones de los agricultores”.
La organización explica que las modificaciones de las normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) aprobadas por la Comisión Europea, se articulan a través de la introducción de una disposición general que permite a los Estados miembros conceder excepciones temporales y específicas a determinados requisitos de condicionalidad en caso de condiciones climáticas imprevistas que impidan a los agricultores cumplirlos.
Afectan de manera explícita a la BCAM 6, más flexibilidad para decidir qué suelos proteger y en qué estación, en función de las especificidades nacionales y regionales; la BCAM 7, se permite utilizar la diversificación de cultivos como alternativa; la BCAM 8, los agricultores sólo estarán obligados a mantener las características paisajísticas existentes.
Medidas que apenas afectan al 10% de las tierras agrícolas
Aliviar la carga administrativa, al tiempo que se mantiene un alto nivel de ambición medioambiental en la Política Agrícola Común, pasa, a juicio de la Comisión, por eximir a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de los requisitos de condicionalidad de la PAC. No obstante, esta medida solo afectará al 10% de las tierras agrícolas.
Unión de Uniones recibe este paquete de medidas de simplificación que muestra una cierta toma en consideración de las dificultades a las que se enfrentan sobre el sector. Son modificaciones demandadas que proporcionarán más flexibilidad a los agricultores a la hora de llevar a cabo la transición hacia una agricultura más sostenible de una manera que tenga en cuenta las condiciones agronómicas y climáticas y locales.
“Todo esto nos parece bien, pero es preciso y urgente ir más allá de las medidas adoptadas que, siendo necesarias, no son suficientes”, comentan desde la organización. “Los agricultores y ganaderos seguimos siendo los pagafantas del sobrecoste que supone un discurso medioambiental radical y que sigue permitiendo que la actividad agraria sea moneda de cambio para las ínfulas geoestratégicas de una UE que parece no encontrar su lugar en el mundo”, señalan desde la organización.
Muchos temas sin abordar, como el tema de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal
Unión de Uniones recalca que, sin embargo, no se ha avanzado en torno a temas importantes que el Consejo no ha tenido ocasión de plantear: la necesidad de un marco estable y predecible que evite la enorme incertidumbre en la que se desenvuelve el sector; un discurso ambiental que se ha de ajustar y consolidar el papel estratégico de la actividad agraria y que más parece ir por vías paralelas y contradictorias con la realidad socioeconómica del sector (Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que en el Consejo de Medio Ambiente quedó bloqueada después de que Hungría se sumase al grupo de países críticos, la Directiva Marco de residuos que afectará a la producción primaria a partir del 2027,…).
Los agricultores y ganaderos a la espera de más medidas
Asimismo se ha quedado pendiente de abordar temas fundamentales para el sector como la adopción real y concreta de medidas a corto y medio plazo que permitan reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario, en particular para garantizar unos ingresos justos; aliviar la presión financiera de los agricultores mediante el diseño de medios de apoyo adicional a través de la ampliación del marco temporal sobre ayudas estatales o por último, la necesidad de velar por una competencia basada en normas equitativas a escala mundial y en el mercado interior.
Unión de Uniones señala que ahora es el momento de actuar por parte de las administraciones a nivel estatal y autonómico, con el margen de maniobra abierto por Bruselas y seguir reivindicando soluciones para todos estos temas que no fueron abordados en el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo.
