Un nuevo informe de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) revela que la revisión de la normativa de bienestar animal propuesta por la Comisión Europea podría tener graves consecuencias económicas en la industria ganadera y, en particular, en la producción de carne de pollo. La adaptación a estas nuevas normativas impondría costos adicionales significativos a los ganaderos y podría llevar al cierre del 95% de las granjas cunícolas.
En el sector avícola, se destaca que la revisión propone reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kg/m², lo que requeriría importantes inversiones en las granjas. Según el estudio, esto significaría una reducción del 72% en el número de aves en las granjas, con un impacto económico significativo para los productores. El informe advierte que esto podría triplicar el precio de la carne de pollo al consumidor.
En el sector porcino, las implicaciones también son sustanciales. La adaptación a las nuevas normativas requeriría una inversión inasumible de más de medio millón de euros por granja de madres para mantener el censo actual. La alternativa sería reducir el censo y realizar inversiones para adaptar las instalaciones. Esto aumentaría los costos de producción y afectaría la productividad.
En el sector cunícola, la prohibición de las jaulas tendría un impacto significativo, ya que más del 95% de la producción se realiza en jaulas. La prohibición de las jaulas podría llevar a una pérdida de entre el 40% y el 50% de la producción en cada granja, lo que tendría un efecto devastador en toda la estructura productiva del mismo.
El informe de COAG subraya la importancia de equilibrar las preocupaciones de bienestar animal con la viabilidad económica de la industria ganadera. Si bien la mejora en las condiciones de vida de los animales es una meta loable, es fundamental que las normativas se desarrollen cuidadosamente para evitar consecuencias económicas negativas en toda la cadena de suministro alimentario y, en última instancia, para los consumidores. Los costos adicionales que impondría la revisión normativa podrían llevar al cierre de numerosas granjas y afectar negativamente a la inflación de precios de alimentos, lo que podría impactar en el bolsillo de los consumidores.
La adaptación a estas nuevas normativas también presenta un desafío económico para los agricultores y ganaderos que ya enfrentan una serie de presiones, incluyendo fluctuaciones en los precios de los alimentos y los costos de producción. Los informes de impacto socioeconómico, como el presentado por COAG, son esenciales para informar a las autoridades y responsables políticos sobre las implicaciones reales de estas propuestas normativas en el mundo real.
La revisión de la normativa de bienestar animal sigue siendo un tema de debate y se espera que continúe generando discusiones en los círculos agrícolas y políticos. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el bienestar animal y la sostenibilidad económica de la industria agroalimentaria, al tiempo que se garantiza que las normativas estén basadas en evidencias científicas sólidas y consideren las necesidades de todos los actores involucrados en la cadena alimentaria.
COAG está llevando a cabo una ronda de contactos en Bruselas y Madrid para presentar un informe de impacto socioeconómico a las autoridades y responsables políticos. La organización destaca que, si bien el bienestar animal es importante, las nuevas normativas deben basarse en evidencias científicas independientes que consideren el impacto socioeconómico de las medidas propuestas. También hacen un llamado para considerar los tres pilares de la agricultura sostenible, incluyendo el aspecto económico y social, para evitar que la producción se traslade a países con normativas menos estrictas en bienestar animal.
