La provincia de Zamora se prepara para un ambicioso proceso de transformación agraria. La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial han firmado un acuerdo histórico para impulsar las concentraciones parcelarias de iniciativa privada en diez municipios zamoranos, abarcando un total de 31.500 hectáreas distribuidas en 23 localidades. Este proyecto, de marcado carácter colaborativo, busca mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, respondiendo así a una demanda directa del sector.
La presentación oficial del convenio estuvo presidida por María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora. Ambos destacaron el carácter pionero de esta iniciativa, que combina recursos públicos y privados en un modelo de cooperación que podría convertirse en referencia dentro de Castilla y León.
El acuerdo establece que cada administración asumirá el 50 % del coste total de las actuaciones, configurando un sistema de corresponsabilidad que asegura la viabilidad del proyecto. Con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables otros cuatro, se prevé que las primeras zonas con procesos más avanzados puedan iniciar sus obras durante 2026.
Un impulso directo a la modernización rural
La Junta de Castilla y León será responsable de redactar los proyectos de obras correspondientes a cada zona, una vez se apruebe la reordenación de la propiedad. Además, asumirá la dirección técnica de las obras y la presentación de los proyectos ante las asambleas de promotores. Este esquema permite agilizar los procedimientos y garantiza que las intervenciones respondan a las necesidades reales de los agricultores.
Por su parte, la Diputación de Zamora se encargará de contratar las obras, coordinar las asambleas locales y promover los acuerdos plenarios que aseguren la recepción y el mantenimiento de las infraestructuras resultantes. Para 2026, el presupuesto provincial incluirá 400.000 euros específicos destinados a este programa, según confirmó el presidente Faúndez.
De este modo, el proyecto se enmarca dentro de la estrategia de colaboración interadministrativa para reforzar la competitividad del medio rural y evitar la despoblación, un reto prioritario para la provincia.
Estado actual de los procesos
Las concentraciones parcelarias incluidas en el plan se encuentran en distintos niveles de tramitación administrativa. De las 23 localidades afectadas:
-
2 zonas ya cuentan con las bases definitivas aprobadas;
-
1 zona tiene las bases provisionales;
-
4 zonas disponen de la Declaración de Utilidad Pública;
-
13 zonas están pendientes de tramitación ambiental;
-
y 3 zonas se hallan en fase de redacción de estudios técnicos previos.
El compromiso de la Consejería es iniciar la redacción de los proyectos más avanzados a lo largo de 2026, lo que supondrá un avance tangible en la reorganización de la propiedad agraria de la provincia.
Ahorro y competitividad: efectos económicos directos
Los estudios realizados por la Junta de Castilla y León muestran que la concentración parcelaria genera una reducción del 25 % al 30 % en el consumo de combustible y una disminución del 45 % en las distancias recorridas por los agricultores. Estas cifras, traducidas en términos económicos, implican un ahorro operativo sustancial y una mayor eficiencia productiva, con beneficios acumulativos en el tiempo.
Además, las zonas ya concentradas presentan una participación un 40 % superior de jóvenes agricultores, lo que evidencia el atractivo de estos procesos para el relevo generacional en el campo. La modernización se traduce también en un 36 % más de inversión en equipamiento y tecnología, un factor clave para incrementar la competitividad en mercados cada vez más exigentes.
Desde un punto de vista estructural, las concentraciones permiten mejorar la accesibilidad, racionalizar el uso del suelo y optimizar el riego y las infraestructuras rurales, contribuyendo a un uso más sostenible de los recursos naturales.
Impacto ambiental y sostenibilidad
El beneficio ambiental de estas actuaciones es también considerable. La reducción en el número de desplazamientos y la mejor organización del terreno conllevan una disminución de entre el 25 % y el 30 % en las emisiones de dióxido de carbono (CO₂). Este resultado refuerza la alineación del proyecto con los objetivos de transición ecológica y neutralidad climática establecidos por la Unión Europea.
Las concentraciones, además, permiten evitar la erosión del suelo, mejorar la gestión del agua y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. De esta manera, Zamora se sitúa como referente en sostenibilidad rural dentro de Castilla y León, integrando la rentabilidad agrícola con la responsabilidad ambiental.
Presupuesto 2026: inversión récord en Zamora
Durante la presentación, la consejera González Corral destacó también el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que asignará casi 108 millones de euros en inversiones para la provincia de Zamora, lo que representa un incremento del 30,74 % respecto a 2024.
En el caso concreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la tercera que más crece en términos presupuestarios, se destinarán más de 15 millones de euros a la provincia. Las principales partidas incluyen:
-
3,5 millones de euros para la modernización de los sectores del Canal de San José;
-
2,2 millones para infraestructuras rurales en Fermoselle;
-
y 1,5 millones para actuaciones similares en Fresno de Sayago.
Estas inversiones consolidan el compromiso de la Junta con la modernización del campo zamorano, orientando el gasto público hacia proyectos con retorno social, económico y ambiental.
Conclusión: una hoja de ruta hacia la nueva agricultura zamorana
La puesta en marcha de este acuerdo supone un paso decisivo hacia una agricultura más moderna, rentable y sostenible. La implicación directa de los agricultores, junto con el compromiso institucional de la Junta y la Diputación, sienta las bases para un modelo de desarrollo rural basado en la eficiencia, la cooperación y la sostenibilidad.
Con más de 31.500 hectáreas beneficiadas, un horizonte temporal de ocho años y un impacto tangible en el empleo, la economía y el medio ambiente, el proyecto coloca a Zamora a la vanguardia de la transformación agraria de Castilla y León.
El éxito de esta iniciativa dependerá de la coordinación entre instituciones, la participación activa del sector agrario y la ejecución rigurosa de los proyectos técnicos. Si se cumplen los plazos previstos, las primeras obras podrían estar en marcha en 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para el campo zamorano, donde la unión entre administraciones y agricultores se traduzca en territorio más competitivo, sostenible y cohesionado.
