Según el texto al que desde WWF ha tenido acceso, el Grupo Popular del Parlamento andaluz ha preparado una Proposición de Ley que pretende amnistiar una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos ilegales bajo plástico en el entorno de Doñana (más del 85% de la actual superficie ilegal), lo que supondría no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido.
Esta finca en Lucena del Puerto sería una de las amnistiadas
WWF ha denunciado en innumerables ocasiones que Doñana se ha visto sometida desde hace décadas al asedio de la agricultura intensiva y de los invernaderos para la producción de fresas y otros frutos rojos que han ocupado sin control miles de hectáreas, aislando su biodiversidad, secado sus arroyos y contaminado y sobreexplotado sus acuíferos ante la pasividad y connivencia de las administraciones responsables.
No sólo han denunciado esta situación sino que ha trabajado para encontrar soluciones que permitieran avanzar hacia la sostenibilidad del sector agrícola en Doñana. Tras años de trabajo de todas las administraciones y actores en la zona, por fin en 2014 el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana o “Plan de la Fresa”, con el objetivo de reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable (las que estaban en riego con anterioridad a 2004 y no hayan transformado zonas forestales a agrícolas sin permisos) y la obligación de eliminar la superficie regada sin permiso que no cumplieran los dos aspectos anteriormente mencionados.
En todo este tiempo la Junta de Andalucía no sólo no ha puesto en marcha ni ejecutado la mayor parte de las medidas contempladas en el Plan y no ha eliminado ni una sola hectárea de invernaderos ilegales, sino que ahora pretende unilateralmente revocar el Plan de la Corona Forestal, con la modificación de dos aspectos claves: por un lado, propone cambiar la fecha de regularización de regadíos de fincas que estuvieran en riego en 2004 a 2014, lo que ampliaría sustancialmente la franja de fincas a amnistiar, y por otro incluye aspectos para no cumplir la Ley Forestal Andaluza permitiendo legalizar a fincas que hayan cambiado de cultivo forestal a agrícola sin permiso. Con esos dos importantes cambios, se amnistiaría más del 85% de la superficie de regadío manifiestamente ilegal que amenaza Doñana.
En concreto, se amnistiarían unas 1.460 hectáreas mediante la aprobación de una Proposición de Ley bajo el engañoso nombre de “mejora de la ordenación de las zonas de regadío del condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)” que pretende cambiar las reglas del juego.
Descrédito internacional
La situación de Doñana es tan crítica que el acuífero ha sido declarado oficialmente sobreexplotado por el Ministerio de Transición Ecológica, organismos internacionales como UNESCO, UICN y Ramsar mantienen Doñana bajo una estricta vigilancia por su riesgo a entrar en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro y el Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE) ha condenado en 2021 al Estado español por las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana que incumplen el derecho comunitario destruyendo su biodiversidad y que tienen su origen en las miles de hectáreas de fresas y cultivos de frutos rojos que saquean su acuífero.
Ante esta situación tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central están obligados a tomar medidas reales y urgentes bajo riesgo de importantes sanciones para nuestro país y se comprometieron ante organismos internacionales como UNESCO a que no habría amnistías a los agricultores ilegales y al cumplimiento íntegro del “Plan de la Fresa”, por lo que la aprobación de la Proposición de Ley del Partido Popular Andaluz supondría un descrédito internacional incalculable para nuestro país y especialmente para la Junta de Andalucía y sus supuestos esfuerzos para salvar Doñana de la desecación. Lejos de hacer un plan para salvar Doñana con esta Proposición de Ley se iría en la dirección contraria, aboliendo las principales medidas recogidas en el Plan.
Ruptura unilateral del consenso en Doñana
La aprobación del “Plan de la Fresa” fue el resultado de años de trabajo entre todos los sectores y administraciones afectadas y logró el consenso y la aprobación del Consejo de Participación de Doñana, que se encarga de la vigilancia del cumplimiento de dicho Plan en 2014.
Sin embargo, ni el Partido Popular ni la Junta de Andalucía han informado al Consejo de Participación de Doñana de esta Proposición de Ley que pretende evitar cualquier tipo de participación pública y dinamitar los acuerdos alcanzados por la vía de los hechos consumados.
Desprestigio internacional para las fresas de Doñana y competencia desleal
Las fresas de Doñana y de Huelva se enfrentan a una competencia cada vez mayor en Europa, con mayor oferta, la influencia de nuevos países productores y la exigencia creciente por parte de los consumidores europeos de garantías de sostenibilidad y de legalidad en el uso del suelo y del agua y de no afección a la biodiversidad de Doñana.
Desde la asociación ecologistas aseguran que llevan años colaborando con todos los grandes supermercados europeos compradores de fresas de la comarca de Doñana y siempre ha defendido ante ellos la validez del Plan de la Corona Forestal como marco para la compra de fresas y frutos rojos de la zona. Los mismos supermercados manifestaron públicamente su apoyo al Plan de la Corona Forestal con cartas enviadas tanto al Gobierno Central como al Andaluz.
En caso de seguir adelante la propuesta del PP, WWF se desvinculará de su compromiso con dicho Plan y su zonificación e informará inmediatamente a los mercados y consumidores europeos de la tramitación de este Proyecto de Ley y de la ruptura del consenso y por primera vez les reclamará públicamente que tomen estrictas medidas de control para garantizar que las frutas procedentes de Huelva no contienen fresas o frutos rojos ilegales procedentes de esta amnistía. Además, WWF denunciará esta grave amenaza ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del estado de conservación de Doñana.
Esta amnistía unilateral a una minoría de ilegales, motivada únicamente por razones electorales y por la presión cada vez mayor de la fiscalía, supone un duro golpe y una competencia desleal para aquellos productores en Doñana que se esfuerzan por cumplir la ley y diferenciarse en un mercado europeo cada vez más saturado y más exigente, siendo un aspecto totalmente inédito: agricultores legales que hacen su trabajo correctamente y han comprado fincas legales de riego a un precio alto competirán en el mercado con ilegales que tienen fincas de secano o incluso forestales que con esta Proposición de Ley del PP los igualaría en el mercado, pero con una diferencia de costes de producción desproporcionada.
Competencia por el agua
Por último, WWF recuerda que esta Proposición de Ley se produce en pleno proceso de planificación del tercer ciclo del Plan Hidrológico (2021-2027) justo cuando ha finalizado el periodo de consulta pública y que la modificación unilateral del Plan de la Corona Forestal de Doñana, un instrumento básico de planificación para las administraciones responsables del agua, tendrá un impacto imprevisible en esta planificación y en los planes de aportar aguas superficiales a la comarca de Doñana.
