La reciente aprobación del Decreto 35/2025 por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha provocado un fuerte malestar entre los agricultores de la región, especialmente entre los productores de viñedo y olivar de secano. Según detalla La Unión Extremadura, la ayuda pública contemplada en este decreto se limita a una subsidiación del 1,5 % sobre un préstamo de 400 € por hectárea a devolver en cuatro años, lo que en la práctica supone una ayuda efectiva de apenas 6 € por hectárea.
Esta cifra contrasta de forma escandalosa con las ayudas recibidas por los viticultores de otras regiones del país, en particular los de Cataluña, que en campañas anteriores han llegado a percibir 450 € por hectárea en ayudas directas. El presupuesto aprobado para Extremadura es de 1,175 millones de euros para 2026, mientras que Cataluña, con la mitad de superficie de viñedo —alrededor de 40.754 hectáreas frente a las más de 80.000 de Extremadura— ha contado con 18,34 millones de euros destinados exclusivamente a sus viticultores.
Unión Extremadura
Para La Unión Extremadura, la diferencia no es solo llamativa, sino profundamente injusta y discriminatoria. “Podemos entender el esfuerzo de la Junta en el reparto de las ayudas públicas”, explica la organización agraria en un comunicado, “pero el problema lo tenemos los productores de Extremadura, que aparte de competir con países de fuera de la Unión Europea, también tenemos que hacerlo con agricultores del propio territorio nacional en condiciones absolutamente desiguales”.
Desde el punto de vista de los agricultores extremeños, no se trata de una simple cuestión técnica o presupuestaria, sino de una discriminación flagrante entre ciudadanos de un mismo país, vulnerando el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española.
La medida ha sido recibida con frustración por parte del sector agrario, que ya venía advirtiendo del peligro que supone el abandono progresivo del viñedo por falta de rentabilidad. La organización señala que se han presentado propuestas a la Junta de Extremadura para igualar las condiciones de producción respecto a otras comunidades autónomas, pero que estas han sido sistemáticamente ignoradas.
“Desde nuestra organización hemos hecho llegar a la Junta propuestas concretas, realistas y asumibles para igualar mínimamente las ayudas que reciben nuestros viticultores frente a otras regiones”, denuncia Luis Cortés, responsable de prensa de La Unión Extremadura. “Sin embargo, la Junta ha hecho oídos sordos, demostrando una falta de voluntad política para defender a sus agricultores”.
La diferencia entre recibir 6 € y 450 € por hectárea no es meramente simbólica, sino que tiene un impacto directo en la competitividad del sector. Mientras los viticultores catalanes pueden invertir en modernización, mejora de cultivos o incluso contratar más mano de obra, los extremeños luchan por sobrevivir en un mercado cada vez más exigente y con márgenes más estrechos.
La organización recuerda además que los agricultores extremeños llevan años denunciando la escasa rentabilidad de sus explotaciones debido al incremento de costes de producción, los efectos del cambio climático y la presión de importaciones extracomunitarias, sin que las ayudas públicas hayan servido como auténtico colchón de apoyo.
Ante esta situación, La Unión Extremadura ha solicitado de manera urgente una reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, para tratar de forma directa esta discriminación que consideran “intolerable”. En palabras de Luis Cortés: “Hacer política no es solo criticar a los adversarios, también es gestionar con justicia y buscar lo mejor para tus representados. No se puede permitir que los agricultores extremeños sigan siendo ciudadanos de segunda dentro del propio Estado español”.
La organización insiste en que no puede aceptarse como justificación la supuesta mayor asignación de fondos del Gobierno central a otras comunidades como Cataluña. “Que el Estado asigne más recursos a una región no debería suponer que otras como Extremadura, con una economía fuertemente basada en la agricultura, se vean marginadas”, aseguran.
La Unión Extremadura ha recordado que el artículo 139 de la Constitución Española establece que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional” y que las diferencias territoriales en el acceso a ayudas públicas atentan directamente contra este principio.
“Los ciudadanos de Extremadura tienen el mismo derecho a las oportunidades y al apoyo institucional que los de cualquier otra comunidad autónoma”, concluye el comunicado. “La Junta debe ejercer una defensa firme de nuestros intereses y no resignarse a aceptar un papel secundario”.
La situación del viñedo en Extremadura es crítica. Las ayudas actuales, lejos de fomentar la continuidad de las explotaciones familiares, profundizan la sensación de abandono y agravan el éxodo rural. La Unión Extremadura advierte que si no se toman medidas urgentes, muchas parcelas quedarán abandonadas en los próximos años, poniendo en riesgo un modelo agrario que ha sustentado la economía de muchas comarcas.
Por eso, desde la organización agraria reiteran su petición de diálogo directo con la Junta y con el Gobierno central, para establecer un plan de ayudas justo, equilibrado y sostenible, que evite que los viticultores extremeños sigan siendo víctimas de políticas desiguales.
